Huelga de educadores profesionales
J. Montero Tirado.
Que los educadores profesionales ganan poco y deben tener sueldo profesional, es indiscutible. Basta un mínimo de sentido común para comprenderlo. Que luchen por ganar lo justo, es legítimo y plausible.
Pero cuando la lucha por la justicia social se contradice a sí misma creando mayores injusticias sociales, esa lucha, que usa la huelga escolar como arma y estrategia, no solo se deslegitima, sino que se convierte en lucha desvirtuada inadmisible. La causa es justa, pero el modo para conquistarla es injusto, socialmente intolerable, jurídicamente denunciable, éticamente injustificable.
Si los educadores van a huelga y no atienden su obligatorio servicio profesional, al dejar a los niños, adolescentes y jóvenes sin escolarización, violan el derecho fundamental que tienen los menores de recibir educación. Violar un derecho de terceros, menores, inocentes e indefensos, que además nada tienen que ver con el problema de los educadores ni pueden intervenir en su solución, es un delito. Especialmente grave, porque el daño que se hace a los escolares les afecta no solo al presente, también a su desarrollo personal, su formación y su futuro.
Hay países donde el padre que no lleva a su hijo a la escuela es sancionado con pena de cárcel, porque el derecho sagrado de la educación no solo afecta al niño o niña, sino a toda la sociedad. Un ciudadano sin educación suficiente es una fuente de problemas en la sociedad. ¿Podrán quedar impunes los educadores que impiden la educación y abandonan a los niños sin ella? El derecho a la huelga no es absoluto ni igualmente incondicional para todas las profesiones.
La huelga de los educadores profesionales afecta también a madres y padres al violar el derecho a la educación de sus hijos que le garantiza la Constitución Nacional. Impedir el goce de un derecho a millones de adultos (padres y madres de casi dos millones de escolares) es injusto y una agresión social a ciudadanos inocentes, ya que los padres no tienen en sus manos la solución del problema. Es verdad que los padres y sus asociaciones deben colaborar con los educadores y el sistema educativo para influir civilmente en las políticas educativas de la nación y no parece que lo estén haciendo. Su pasividad ante los problemas y la búsqueda de soluciones también merece reflexión y cambio de actitudes y comportamientos.
La huelga de los educadores afecta gravemente al bien común de los ciudadanos. Una población con educación debilitada y deficiente es una población condenada al subdesarrollo. La educación es un bien público, además de ser fundamento nutriente del bien común. Todos los ciudadanos debemos contribuir al crecimiento y la participación equitativa del bien común y a nadie le está permitido destruirlo. Los educadores están comprometidos por vocación y ética profesional a contribuir con el don más importante del bien común, que es la educación de todos los ciudadanos, un bien público y una contribución que jamás puede ser negociable, porque es un bien básico, fundamental, permanentemente necesario y vital.
Comparados con los países que prosperan, Paraguay dedica menos días y horas de escolaridad a nuestros escolares. Si, además, los líderes gremiales o sindicales organizan huelgas con abandono de su trabajo con los niños, tendremos menos días y horas aún. El daño es grave a los escolares, a sus familias y al presente y futuro de nuestro país.
Privar a los niños de sus derechos es delito. Si ese delito proviene además de quienes se han comprometido profesionalmente a que los niños conozcan sus obligaciones y derechos y los defiendan, el delito tiene agravante. ¿Por qué los profesionales de la educación para defender sus derechos chantajean a la sociedad secuestrando la educación de los niños? Los niños nada tienen que ver y nada pueden hacer en el conflicto entre los educadores y nuestros representantes en los tres Poderes del Estado que toman decisiones que inciden en el sistema educativo. ¿Por qué se les ha de castigar rematando en los menores? Querer doblegar a los mayores golpeando a los niños es inhumano.
La huelga es un mal porque hace daño cierto y trascendente, viola derechos de inocentes y entra en conflicto con la ética profesional de los educadores. La huelga no resuelve problemas, los aumenta.