Terminar con el robo de Opaci a los contribuyentes

La Cámara de Senadores examinará hoy el proyecto modificatorio de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, ocasión en la que volverá a tener la

posibilidad de eliminar el adefesio jurídico denominado Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), entidad particular que se define a sí misma como asociación sin fines de lucro pero que tiene el indebido privilegio de recaudar más de veinte mil millones de guaraníes anualmente ejerciendo una gestión pública, es decir, sacando dinero a las personas que gestionan licencias de conducir y a las que realizan transferencias de inmuebles. Más flagrante ilegalidad, imposible.

Lo que cobra Opaci bien podría calificarse como un robo descarado si no fuese porque la misma ley de referencia, actualmente bajo examen de los senadores, le otorga inexplicablemente atribuciones de coordinar con las municipalidades del país “el otorgamiento de la licencia de conducir, certificando y homologando, en su caso, los centros de emisión y/o impresión de las mismas”. En primer lugar, qué tiene que ver una entidad privada ejerciendo ilegalmente una gestión pública, y segundo, las municipalidades de todo el país tienen suficiente capacidad de ejercer esas funciones sin el auxilio de la Opaci. Es evidente que tal autorización es solo para dar un “rebusque” a los amigos del poder, para distribuir luego las ganancias entre los cuates.

De más está decir que este texto fue introducido artificiosamente para que la entidad particular posea un respaldo jurídico que le justifique continuar cobrando sus millonadas anualmente, sin hacer absolutamente nada a cambio. Porque Opaci no coordina nada, no contribuye con nada, no realiza tareas de servicio público, no financia obras provechosas para los municipios de donde extrae su dinero. Nada de nada. Como se ha dicho, Opaci puede desaparecer mañana mismo y nadie se dará cuenta de su ausencia.

Excepto, naturalmente, los que se están enriqueciendo ilegalmente con el producido de sus exacciones, entre quienes está, en primer término, un grupo de políticos que responde al movimiento del presidente Cartes encabezados por su asesor “político” Basilio “Bachi” Núñez, y que, gracias a esta influencia, consiguió sostener dicha organización hasta ahora.

Porque, en efecto, como se recordará, la Cámara de Senadores ya suprimió la mención a Opaci en el texto de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial,

aprobando el proyecto presentado en su oportunidad por la senadora Blanca Lila Mignarro, pero una mayoría cartista de la Cámara de Diputados la volvió a meter. El negociado paga bien y obtiene votos. “Bachi” encabeza el “clan Núñez”, de Villa Hayes, junto con dos hermanos. A este elenco se suman otros actores, todos vinculados de una u otra forma al oficialismo, como la intendente de Ybicuí, María del

Carmen Benítez (pareja del diputado del mismo signo político, Ever Rivas), en cuyas manos los Núñez depositaron ahora su confianza para manejar la Opaci.

No hay mucho más que decir acerca de la repugnante podredumbre que todo esto exhibe y significa.

El caso está ahora en poder de los senadores, quienes tienen en sus manos el remedio para esta situación. Si votan por la supresión de Opaci como entidad con atribuciones para percibir tasas y contribuciones, pondrán las cosas en el lugar correcto en que debe estar. Que el “clan Núñez” y sus compinches

continúen con su Opaci si quieren, pero ya en el carácter privado que estatutariamente define su organización, carácter del que nunca debió salir. Que sea una organización no gubernamental dedicada al servicio de ayuda a las municipalidades, si lo desea, pero que obtenga sus fondos económicos por medios lícitos, sin meterle las manos en el bolsillo por la fuerza a nadie.

Si así sucede, se verá cuánta vocación de servicio tienen realmente los políticos cartistas que actualmente manejan la entidad. Lo más previsible es que estos vividores, privados de las tetas de las que ahora maman tan alegremente, disuelvan su organización o desaparezcan de ella abandonándola a su suerte. Las municipalidades del país no perderán nada con esto; al contrario, no tendrán que hacer de pasamanos de dinero de los contribuyentes a la cuestionada entidad que fue creada en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner para tener un tentáculo más para el sometimiento del pueblo a la tiranía.

Por consiguiente, el Poder Legislativo debe asumir su responsabilidad en el tema y enderezar lo que está torcido. Los senadores deben ratificarse y excluir la mención de la Opaci en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, con lo cual habrán prestado un señalado servicio a la decencia y a los contribuyentes estafados por una institución podrida ordeñada por un grupito de políticos inescrupulosos.