Conflicto de tierras asedia a humildes pobladores
FILADELFIA, Chaco (Marvin Duerksen, corresponsal). Un litigio de unas 30.000 ha de tierras azota a humildes pobladores de la zona de Agropil, cuenca del Pilcomayo, que se encuentran en el lugar hace décadas y denuncian ahora la invasión de sus tierras, corte de maderas y hasta matanza de sus animales.
Tras las denuncias de cuatro lugareños (de un total de 15 a 20 familias afectadas), el fiscal ambiental de Boquerón, Andrés Arriola, se constituyó el martes con una comitiva policial, técnicos ambientales y con orden de allanamiento del juez Gaspar Rodríguez en zona de Agropil, a unos 250 km al suroeste de esta ciudad. Constató que personas extrañas cortaron dentro de las propiedades de los lugareños unos 150 postes de dos metros de palo santo y corte selectivo de la especie coronillo, para su posterior venta.
Se identificó como supuesto encargado del grupo a Ángel Escurra, quien, con los demás, fue citado para una testifical para el próximo 4 de abril en la fiscalía.
También fue llamado a una indagatoria Alexandre dos Santos, quien se presenta como nuevo propietario del inmueble y estaría litigando un título respectivo en lo civil y penal, según se supo.
El fiscal dijo que Dos Santos debe presentar todos los documentos, inclusive los que respaldan los trabajos que están haciendo en el lugar. “Yo voy a esperar, voy a pedir informe a la Seam, Infona, a ver si existe alguna autorización para realizar estos cortes y después vamos a ver qué hacemos”, dijo Arriola.
Imputará, sea quien sea
Aseguró como fiscal de Medio Ambiente que imputará a quien deba imputarse, pero como la zona es bastante conflictiva, los pobladores deben hacer las denuncias también ante la fiscalía ordinaria-penal.
El fiscal rechazó la versión de que las invasiones se hacen en complicidad con la fiscalía y policía, señalando que si vienen a denunciar en dos o tres días la fiscalía ya se constituirá en el lugar.
El agente fiscal indicó que se deberá investigar y dilucidar primero quién es el propietario de las tierras en cuestión, porque “no es un invasor y un titular, existe como quince a veinte supuestos propietarios. Por eso es bastante conflictivo el lugar y complicada la situación.
“No es una comunidad del todo conocida, son personas desconocidas entre sí, que están ocupando o teniendo la posesión del lugar. Aparecen otros títulos. Por eso, es bastante confuso el problema, pero en todo lo que sea la protección ambiental y los daños que se causen a la naturaleza, sea quien sea, yo procederé a imputarlo y voy a pedir la medida de prisión”, concluyó el fiscal.