Diputados indagan violación de ley de APP en el contrato de rutas 2 y 7
La Cámara de Diputados aprobó un pedido de informe y emplaza al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que en 15 días comunique pormenorizadamente sobre el contrato de las rutas 2 y 7 que firmó con una empresa –Sacyr– cuyos antecedentes
Los diputados no solo solicitaron copia del contrato sino también otros documentos como el acta de apertura de sobres, los informes, dictámenes y pareceres, el informe final de la comisión de evaluación, las impugnaciones si las hubiere, el pliego, los dictámenes vinculantes y las garantías de mantenimiento de oferta. Asimismo, solicitaron también los antecedentes que acreditan el cumplimiento de la Ley 5102 “de Alianza Público-Privada”.
El pedido, hecho por el diputado Dionisio Amarilla (PLRA) y aprobado por el pleno de la Cámara, está fundado en los múltiples antecedentes de incumplimiento que tiene la empresa “mimada” del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
“Lo que es más grave son los antecedentes de la empresa Sacyr que refieren que ha incumplido gravemente contratos con otros Estados, lo que debería haber motivado su inmediata descalificación en la proyectada alianza-público-privada”, reza el pedido aprobado por los diputados.
Luego de hacer una mención al extenso prontuario de Sacyr –que solamente en Chile tiene más de 20 demandas– refiere el pedido de informe que “con todos los antecedentes mencionados, en ningún caso esta empresa podría haber sido aceptada para un contrato serio con el Estado paraguayo”.
Para las rutas 2 y 7 Sacyr se consorció con las empresas Mota Engil (Portugal) y Ocho A (Paraguay).
El MOPC, cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, no solo le dio un contrato de 30 años para el ensanche de las rutas 2 y 7, basado en dictámenes no vinculantes de instituciones como la Procuraduría, a las que ocultó casi todo el prontuario de Sacyr, sino que también pretende darle un contrato, también por 30 años, para la administración del aeropuerto Silvio Pettirossi. Esto último con base en un dictamen de contenido falso que le fabricaron los funcionarios Claudia Centurión y Dionisio Mereles.
El dictamen en cuestión, cuya copia ya tiene el Ministerio Público en el marco de la investigación que inició, niega la vinculación de la empresa Sacyr con una sociedad que tuvo un proceso en España, cuando esa vinculación fue reconocida por los mismos representantes de Sacyr.
El pedido de informe aprobado esta semana en la Cámara de Diputados establece un plazo de 15 días para que la cartera de Obras Públicas remita todos los antecedentes que le fueron solicitados.