Purgar de ladrones las aduanas.

El Código Aduanero dice que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) es un órgano del Estado de carácter autónomo, “dependiente de la máxima autoridad del Ministerio de Hacienda, encargado de aplicar las disposiciones legales correspondientes”. La máxima autoridad referida es hoy el ministro Santiago Peña y no el presidente Horacio Cartes. De la letra de la disposición se desprende que el director de la DNA, Nelson Valiente, está subordinado al ministro Peña, aunque él no lo quiera e insista en que depende directamente del Presidente de la República. Lo antedicho viene a cuento de que el ministro Peña, descontento con el modelo que de hecho está en vigencia, según el cual la institución aduanera depende del titular del Ejecutivo, se mostró partidario de que ella vuelva a integrar la cartera fiscal. A Nelson Valiente le conviene que se siga ignorando que la DNA depende del Ministerio de Hacienda, y que él, como si dirigiera una seccional colorada, solo reciba órdenes del Presidente de la República, convirtiendo así a este en responsable de los latrocinios que cometen los funcionarios que él impuso.

El art. 384 del Código Aduanero dice que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) es un órgano del Estado de carácter autónomo, “dependiente de la máxima autoridad del Ministerio de Hacienda, encargado de aplicar las disposiciones legales correspondientes”. La máxima autoridad referida es hoy el ministro Santiago Peña y no el presidente Horacio Cartes, quien tiene, por su parte, la facultad de aprobar la “estructura organizacional que demande la dinámica del comercio” y nombrar al director nacional de Aduanas, según el mismo artículo.

Parece un disparate organizativo que la DNA sea “autónoma”, que dependa del ministro de Hacienda pero que su titular sea designado por el Presidente de la República. Sin embargo, de la letra de la disposición se desprende que el director Nelson Valiente está subordinado al ministro Peña, aunque él no lo quiera. La DNA fue una Dirección General del Ministerio de Hacienda, hasta que en 2004 se volvió “autónoma”, en tanto que la Unidad Central Normativa y Técnica, que formaba parte del mismo Ministerio, fue sustituida en 2007 por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), “dependiente del Poder Ejecutivo”, según reza expresamente el art. 3º de la Ley Nº 3439. Esto significa que el director de Contrataciones Públicas sí está directamente subordinado al Primer Mandatario, a diferencia del de Aduanas.

Lo antedicho viene a cuento de que el ministro Peña, descontento con el modelo que de hecho está en vigencia, según el cual la DNA depende directamente del Presidente de la República, el 13 de agosto de 2016 se mostró partidario de que ella vuelva a integrar la cartera fiscal, porque la separación habría generado pérdidas en algunas áreas y ganancias (¿). Opinó que “tener los órganos recaudadores unificados sería positivo”, pero respondió negativamente a la pregunta, que se formuló él mismo, de si el Gobierno pensaba hacerlo. No hace falta esta suerte de lamento, ya que la ley le ampara claramente al ministro Peña para ejercer su autoridad sobre la DNA, pues le recordamos nuevamente que el Código Aduanero, en su art. 384, dice que esa institución recaudadora es “...dependiente de la máxima autoridad del Ministerio de Hacienda...”.

La DNA debe operar como una dependencia de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) para, entre otras cosas, poner fin a los desacuerdos entre la administración aduanera y el Ministerio de Hacienda. El último de ellos había motivado, justamente, las declaraciones de Santiago Peña, quien también calificó de “claramente insuficientes” las medidas que tomaba la DNA para aumentar sus ingresos, e informó que el Equipo Económico Nacional le había pedido reiteradas veces reforzar los controles.

El director de Aduanas, que solo responde al Presidente de la República, por supuesto hizo oídos sordos, de modo que los miembros del Equipo Económico ladraron a la luna. En esos mismos días la viceministra de Economía, Lea Giménez, había lamentado que entre enero y julio de 2016 la DNA recaudó 314.000 millones de guaraníes menos que en igual período del año anterior, en tanto que la SET habría recaudado 881 millones más. Eufemísticamente señaló que “hay un espacio para mejorar la recaudación por el lado de los controles” yde las tecnologías que emplea la DNA, para no decir que los funcionarios aduaneros roban descaradamente a diestra y siniestra. No puede pensarse otra cosa al ver los escandalosos casos de enriquecimientos de aduaneros de modestos salarios que estamos publicando, quienes de la noche a la mañana se convirtieron en “magos de las finanzas”.

La caída de los ingresos motivó la visita, en setiembre del año pasado, de una misión técnica especial del Fondo Monetario Internacional (FMI), a pedido del ministro de Hacienda, para examinar el avance de las reformas que la DNA debía haber realizado mediante una asesoría brindada por el FMI, en 2015. Se ignoran los resultados de la misión, pero no que la corrupción sigue tan rampante como siempre.

El Ministerio de Hacienda podría dejar de quejarse y de buscar la asistencia internacional si es que se arma de coraje y toma en sus manos, como corresponde, la recaudación aduanera, suponiendo que sus funcionarios vayan a ser más honrados e idóneos que los de la DNA. Aunque tal no fuera el caso, lo aconsejable es que la administración tributaria esté concentrada en la cartera fiscal, para lo cual, en el caso de las aduanas, no tiene impedimento legal. El director de la DNA, por su parte, cree que “a veces, en instituciones como Hacienda, los técnicos y economistas viven en su burbuja y conocen muy poco la vida real”. O sea que sus funcionarios sabrían muy bien, “a contrario sensu”, cómo funcionan las cosas fuera de las oficinas. A la ciudadanía no le cabe duda de que esos funcionarios aduaneros no viven en una burbuja, ya que para hacer la vista gorda a cambio de un soborno hay que conocer muy bien el ambiente en que se mueven los delincuentes de guante blanco que los coimean.

Es claro que a Nelson Valiente le conviene que se siga ignorando que la DNA depende del Ministerio de Hacienda, y que él, como si dirigiera una seccional colorada, solo reciba órdenes del presidente de la República, incluso para los nombramientos. En efecto, el 24 de noviembre de 2015, para que se sepa bien el respaldo que tiene, sostuvo que “la DNA es una institución dependiente directamente de la Presidencia de la República”, y en una ocasión posterior exclamó “¡Cómo (Horacio Cartes) no va a poder hacer los cambios en el personal de una institución que depende directamente de él!”. O sea que quien ejerce el Poder Ejecutivo es el responsable de los latrocinios que cometen los funcionarios que él impuso e, incluso, por el hecho de que allí continúen campantemente los ladrones instalados por los presidentes anteriores.

El art. 384 del Código Aduanero también establece que los administradores de aduanas serán designados por el director nacional de entre los funcionarios de mayor mérito e idoneidad, pero esto, por lo visto, le tiene sin cuidado a Nelson Valiente, porque afirma que en la DNA debe aplicarse la voluntad de Horacio Cartes. La ley es lo de menos.

Está visto, entonces, que no faltan leyes para aumentar sustancialmente las recaudaciones. Lo que falta es poner de moda a la moral, descontaminando las instituciones de la influencia de autoridades y políticos corruptos, y enviando a la cárcel a los ladrones. Y, si es posible, también a sus “padrinos”.