¿Quién carga con el muerto?

El 16 de octubre de 2016, el procurador general de la República, Roberto Moreno, admitió que el Estado ya perdió los 15.000 millones de guaraníes que en 2013 destinó al pago de la deuda que tenía la quebrada Azucarera Iturbe SA con sus obreros, proveedores de caña de azúcar y transportistas. Como en la misma ocasión anunció que la “idea es tratar de recuperarlos”, a la ciudadanía le gustaría mucho saber si la idea ya fue concretada, es decir, si la multimillonaria suma ya retornó al erario de alguna manera. Si ello no ha ocurrido, el defensor de los intereses patrimoniales del Estado haría bien en informarle al menos de las gestiones realizadas para el efecto en los últimos siete meses. Por de pronto, la gente tiene derecho a creer que el dinero ya se ha

perdido definitivamente. Más aún, tiene el derecho de responsabilizar del grave perjuicio sufrido por el fisco al presidente de la República, Horacio Cartes; al ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, ya los legisladores que en 2014, desoyendo sensatas advertencias, sancionaron una rimbombante “Ley de regularización financiera de los productores de caña dulce o caña de azúcar del departamento de Guairá”; es decir, de salvataje de una empresa en ruinas.

Como era previsible, en vez de volver a operar, lo que la agraciada hizo fue efectuar una convocatoria de acreedores y entregar sus instalaciones a un banco fideicomisario para que las remate para saldar una deuda de 8.600.000 dólares, contraída con otros dos bancos. El 3 de setiembre de 2015, el procurador general solicitó la declaración judicial de quiebra,

para que el Estado “cobre algo de lo que puso”. ¿Y del remanente que quede sin cobrar? ¿Quién carga con el muerto?

En efecto, como ni siquiera esa pretensión tan modesta a la que alude el procurador ha sido satisfecha, como siempre ocurre, las pérdidas de la empresa fraudulenta fueron socializadas a costa de los

contribuyentes. Todo el país debe soportar ahora las consecuencias del notorio despropósito, denunciado en su momento por este diario ante la evidencia de que el pretendido salvataje no era más que un engaño para dar rienda suelta a un desembozado populismo.

Días después de que el presidente Cartes anunciara en Iturbe, el 11 de agosto de 2014, que iba a presentar un proyecto de ley que permitiera reactivar la azucarera con el dinero de todos, afirmamos en un editorial que la operación correría a cargo del “ciudadano común que vive del fruto de su trabajo sin recibir el socorro gubernativo”. Y agregábamos que “una empresa fallida debe abandonar el mercado y no pretender sobrevivir con el dinero de todos”. De hecho, ni siquiera ha sobrevivido, pues sus dueños terminaron plantando eucaliptos y ocultando sus activos y pasivos, según denunció el procurador general de la República. O sea que, el Estado pagó las deudas

de una firma sin enterarse –o sin querer enterarse– antes de la verdadera situación, que para entonces era pública, que hasta defraudaba a sus trabajadores al no transferir al IPS los aportes descontados de sus salarios. Las mencionadas autoridades involucradas no quisieron escuchar las advertencias de que el

salvavidas financiero sería irrecuperable, porque lo que al Gobierno y a los parlamentarios les urgía era echar mano a los fondos públicos para supuestamente evitar un estallido social y, de paso, quedar bien con la clientela.

Lo que en definitiva hicieron los responsables de este descomunal despilfarro de fondos públicos no fue más que auxiliar a una desastrosa azucarera y hacer que,

una vez más, Juan Pueblo cargue con el muerto. Si los ejecutivos de esa firma pueden estar muy agradecidos por tanta generosidad, los ciudadanos tienen un buen motivo para estar indignados.

El Presidente de la República faltó a la verdad al afirmar que “el Gobierno no se iba a hacer responsable de la irresponsabilidad de otros”; es decir, en este caso de la de los administradores de la Azucarera Iturbe SA. Pero lo cierto es que a quienes Horacio Cartes, Gustavo Leite y los legisladores hicieron responsables de hecho fueron a los contribuyentes en general.

En efecto, ya el 17 de septiembre de 2015 –antes del anuncio de que el Estado había perdido los 15.000 millones de guaraníes alegremente desembolsados– habíamos sostenido que “del daño que sufra el erario deberán responder el Presidente de la República, el ministro de Industria y Comercio y cada uno de los legisladores que dieron el visto bueno para una operación a todas luces insensata, que estaba condenada al fracaso”. No es apresurado, entonces, reclamar desde ya que quienes han promovido y apoyado esta aventura financiera respondan legalmente con sus bienes por sus desacertadas actuaciones.

Aquí no solo hubo ocultación de bienes por parte de los ejecutivos de la firma fallida, sino también negligencia culposa, por decir lo menos, por parte de quienes desde el sector público se embarcaron en un proyecto de cuyo desenlace fueron oportunamente advertidos. Es más, el propio ministro Leite admitió, hace tres años, que era alto el riesgo de que los fondos no se recuperen. O sea que quienes intervinieron en esta chapuza financiera lo hicieron conscientes del

daño que podían causar, pero siguieron adelante como si nunca tuvieran que asumir personalmente las consecuencias.

Tan grave perjuicio patrimonial no debe quedar impune: los responsables tienen que reembolsar con sus bienes el enorme buraco que hicieron a las arcas públicas, y los ladrones de guante blanco que vacían sus empresas deben ir a la cárcel.