República de la sospecha
Suelen decir que los periodistas somos desconfiados por naturaleza. Algunos se quejan de que este rasgo también nos lleva a poner un pero a la mayoría de las cosas.
Convengamos también que desde el poder, mucho favor no nos hacen, con conductas que alimentan frecuentemente nuestras sospechas.
Sospechar, es decir, imaginar algo por conjeturas fundadas en apariencias o indicios, según la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española.
En estos días tenemos varios ejemplos de ello.
Uno de estos casos es el del concurso para acceder a un registro notarial. Según muchos escribanos que no tienen aún registro para trabajar, es vox populi que hay que tener contactos para poder acceder a uno.
La denuncia vino en estos días con nombres y apellidos, en plena sesión de la Cámara de Diputados. El diputado Ramón Romero Roa acusó a los ministros Óscar Bajac, Raúl Torres Kirmser y Miryam Peña, de requerir a través de intermediarios, coimas de hasta 200.000 dólares para otorgar el registro notarial a varios escribanos, en su carácter de miembros del tribunal examinador del actual concurso de oposición.
Tras la grave acusación los ministros emitieron comunicados y el diputado se ratificó en su denuncia principalmente contra el ministro Bajac, porque dijo tener elementos suficientes que comprueban la denuncia.
El parlamentario aún no presentó pruebas, pero el concurso de oposición se suspendió por unos días, y el ministro Bajac renunció a integrar la mesa examinadora.
Otro de los casos es el de la concesión del estacionamiento tarifado en Asunción.
Fue preparada bajo la administración de Arnaldo Samaniego, y llamativamente concedida a todo trapo por su reemplazante interino Omar Pico, a solo cinco días de que asuman el nuevo intendente y los concejales electos.
Una de las empresas competidoras denunció ante la Contraloría que Pico “de manera inesperada, sorpresiva y encubierta” violó procesos formales y administrativos internos, porque aunque la compañía Parxin presentó balances de los tres últimos años sin movimiento, le adjudicaron todos los puntos de la licitación.
Pero en lugar de parar la concesión, el nuevo intendente Mario Ferreiro la promulgó, en medio de cuestionamientos porque su entonces jefe de gabinete Max Rejalaga había asesorado a la empresa adjudicada.
Para completar el escenario. El viernes debatimos sobre el tema en la 730AM con los concejales Tony Apuril y Sebastián Villarejo, el primero apoya la concesión y el segundo se opone. En lo que ambos coinciden y admiten es en que no conocen a los socios paraguayos a los que otorgaran por 15 años la concesión del negocio.
El otro caso de estos días es el que publicó el diario español El Mundo, una investigación de la policía judicial de ese país que salpica al nuestro con la obra del “superviaducto”. Se cita un nombre, el del lobista Ernesto Dos Santos, que según el expediente judicial “presume de tener contacto directo con el ministro de Obras de Paraguay y de poder modificar los pliegos de licitaciones».
Fanfarronería o descripción de la realidad, Dos Santos embarra la imagen del ministro de Obras y genera sospechas. Más aún con un correo en el que dice que el ministro le pidió una lista de las obras cumbres de Isolux por el mundo, para defender la adjudicación en televisión, y poder explicar además las denuncias contra la empresa en Brasil, Uruguay y Chile, donde aparece involucrada en el pago de sobornos.
Tres casos que contribuyen a la desconfianza sobre la administración de la respública, o cosa pública, y que afectan a la Corte, al municipio capital y al Ejecutivo.
En la República de la eterna sospecha no hay jurisdicción ni exclusividad.