Siete mil horas
colegas, y, cómo los propios colegas minimizamos el hecho diciendo entre bromas que recibir golpes forma parte de los gajes del oficio. Para cerrar la presentación ante la CIDH se proyectó un video que dura un poco más de tres minutos en el cual se compilan algunos de los casos más graves que afectaron a los comunicadores.
A su turno, el Estado, a través de sus representantes, ofreció su descargo y detalló las acciones que se desarrollan para investigar el caso y llegar a los verdaderos culpables así como la creación e implementación de nuevos procedimientos para que ello no ocurra en lo sucesivo. Ahora bien, ellos presentan su investigación como su mérito unilateral exclusivo.
Sin embargo, fuimos los propios colegas, quienes haciendo un trabajo de hormiga, recabamos todos los datos, señas y marcas y los presentamos ante la Fiscalía, a pedido de ellos, porque no tenían forma de iniciar una investigación ni actuar de oficio.
Como comunicadores estamos acostumbrados a cubrir todo tipo de desgracias y garroteadas ajenas, pero cuando se trata de nosotros, por alguna extraña razón nos acobardamos.
Entendiendo, una vez más, que la libertad de expresión, el derecho a informar e informarse son principios consagrados dentro de la Constitución Nacional. Cuando estos se rompen, se debilita la democracia y ese debilitamiento allana el camino hacia un Estado fallido. Eso no le conviene al Gobierno ni a nosotros.
La defensa de uno de los miembros de la mesa que representó al Estado ante la CIDH, Ariel Martínez, viceministro de Asuntos Políticos, indignado por la prueba audiovisual presentada por la sociedad civil, pidió que se vieran las 7.000 horas de grabaciones de las protestas y no solamente “los 30 segundos” aportados por el FOPEP y la ARGP. Pueden ser 60.000 también, pero fue la Policía Nacional la que ocasionó el daño en esos segundos que alega Martínez.
Llama la atención tal solicitud, porque ofrecer seguridad a los ciudadanos, todos incluyendo periodistas, es obligación del Estado, y esos 30 “segunditos” que Martínez pretende ningunear son justamente la clave de esto. Los periodistas estaban en función de trabajo, no estaban en protesta, no incitaron a la violencia, solo estaban registrando los hechos ocurridos en plena vía pública.
Para apaciguar la conciencia, Martínez anunció que en la semana próxima se pondrá en marcha un protocolo de protección a periodistas en casos extremos. Eso es algo positivo, es un avance para las garantías constitucionales, pero también es prueba de que el #31M ellos cometieron un error y actuaron con saña. Porque si todo estaba bien, este protocolo anunciado no tendría razón de ser. Es porque algo hicieron mal y ese algo fue ordenado por alguien que jamás será investigado ni condenado.