EDITORIAL

Vergonzosa cobardía generalizada. El canallesco despido de quince empleados liberales de la cooperativa Luque Ltda. –manejada por el senador colorado Óscar González Daher– por haberse negado a asistir a un mitin de apoyo a las candidaturas de Santiago Peña y Luis Gneiting, realizado en una seccional colorada de esa ciudad, no ha merecido hasta hoy el enérgico repudio que cabría esperar por parte de las organizaciones de trabajadores y de empleadores del sector privado, ni de las entidades públicas encargadas de velar por los derechos laborales, en particular, y por los derechos humanos en general. ¡Ni de las propias cooperativas! Todos guardan un profundo silencio, como si el agravio a la dignidad y a la libertad de esos empleados no les concerniera en absoluto. Todo lo contrario a su inexplicable pasividad, dichas organizaciones deberían estar muy inquietas por el hecho de que la política intervenga en el sector privado hasta el punto de condicionar la relación obrero-patronal a la filiación política de las partes. Se debe perder el miedo al poder político para liberar a la población de la enorme cárcel en que ha venido siendo encorsetada desde la época de dictadura de Stroessner, y en la que la siguen manteniendo sus émulos de hoy.

El canallesco despido de quince empleados liberales de la cooperativa Luque Ldta. –manejada por el senador colorado Óscar González Daher–, por haberse negado a asistir a un mitin de apoyo a las candidaturas de Santiago Peña y Luis Gneitig, realizado el 9 de junio en una seccional colorada de esa ciudad, no ha merecido hasta hoy el

enérgico repudio que cabría esperar por parte de las organizaciones de trabajadores y de empleadores del sector privado, ni de las entidades públicas encargadas de velar por los derechos laborales, en particular, y por los derechos humanos, en general. ¡Ni de las propias cooperativas! Todos guardan un profundo silencio, como si el canallesco agravio a la dignidad y a la libertad de esos empleados no les concerniera en absoluto.

El último 1 de mayo, la Confederación de la Clase Trabajadora (CCT), la Central Nacional de Trabajadores (CNT), la Corriente Sindical Clasista (CSC), la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), la Central Sindical de Trabajadores del Paraguay (Cesitep), la Confederación Nacional de Trabajadores (Conat) exigieron un reajuste salarial y el cese de la persecución sindical, entre otras cosas. Las víctimas del indignante atropello ocurrido en Luque se quedaron sin salario y no

precisamente por haber intentado agremiarse, sino por rehusarse a acatar una orden ajena –para más, de carácter político-partidario– a sus deberes laborales, contraria a sus ideas políticas y violatoria de la prohibición constitucional de que alguien sea obligado a participar en reuniones o manifestaciones.

Se nota así que a las centrales sindicales les importa un bledo que un trabajador se quede en la calle por tales

motivos, demostrando una repudiable actitud de cobardía o sometimiento que, por lo visto, es compartida por las entidades empresariales como la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco). Y, repetimos, las numerosas cooperativas que existen en el Paraguay, conformadas en poderosas centrales, que, por lo que parece, no se sintieron afectadas. Por citar algunas, están la Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod), al igual que la Confederación de Cooperativas Rurales del Paraguay (Concopar), que reúnen a centenas de esas entidades: guardaron un inconcebible mutismo, como si estimaran normal prescindir de la mano de obra que no apoye las

candidaturas promovidas por el empleador, y como si no supieran que el art. 63 del Código del Trabajo prohíbe “influir en las convicciones políticas” de los trabajadores.

Todo lo contrario a su inexplicable pasividad, dichas organizaciones deberían estar muy inquietas por el hecho de que la política intervenga en el sector privado hasta el punto de condicionar la relación obrero-patronal a la

filiación política de las partes. Lo que ocurrió en la cooperativa citada podría repetirse en otros ámbitos de la actividad económica en beneficio del Gobierno de turno, configurándose una práctica propia del totalitarismo antes que del sistema democrático, en el que resulta inaceptable que se discrimine entre los trabajadores por sus preferencias políticas, tal como lo declara la Constitución.

Como quien impulsó la deleznable acción fue el senador colorado Óscar González Daher, nada raro tiene que tampoco se haya manifestado el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, pese a que su primera responsabilidad es “velar por la protección de los trabajadores y las trabajadoras en sus distintas dimensiones, garantizando el respeto de sus derechos”, tal como dice su ley de creación. Tampoco se ha pronunciado el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), pese a que las entidades que supervisa deben respetar el principio de “neutralidad en materia de política partidaria y movimentista”. No sorprende esa actitud pasiva, pues las autoridades de la coloradizada administración pública discriminan entre sus correligionarios y quienes no los son e, incluso, entre los propios colorados, según los vaivenes políticos. Así las cosas, en adelante el Ministerio de Trabajo consentirá el arbitrario despido de todo empleado que se niegue a respaldar a los candidatos del presidente Cartes, ignorando que, según su misma ley, debe “cumplir y hacer cumplir la legislación nacional, los contratos colectivos, los tratados, convenios y acuerdos internacionales (...) en materia de trabajo, empleo y seguridad social y vigilar su aplicación y cumplimiento”.

Tampoco se ha molestado la siempre tibia Defensoría

del Pueblo, entre cuyos deberes constitucionales figura el de “emitir censura pública por actos o comportamientos contrarios a los derechos humanos”, como si al menos uno de ellos –el derecho al trabajo– no hubiera sido afectado por las escandalosas cesantías. Si un delegado de la oficina regional guaireña de dicho organismo, Félix Careaga, fue destituido por apoyar las pretensiones del “disidente” Rodolfo Friedmann, no debe sorprender que haga la vista gorda ante una medida adoptada por el “cartista” Miguel Mancuello, presidente de la cooperativa y de la seccional colorada luqueña en cuestión, esbirro del senador colorado González Daher.

Los hechos y los silencios referidos muestran cuán pobre es nuestra cultura cívica y cuán escaso es el sentido de solidaridad de las organizaciones gremiales con las víctimas de la prepotencia. Poco o nada se puede aguardar de las entidades públicas, pero era de esperar, por lo menos, que las de los trabajadores y los empleadores agremiados peguen el grito al cielo cuando ocurren barbaridades como esta.

La Cooperativa Luque Ltda., abierta y descaradamente, violó todas las leyes que protegen a los trabajadores del país, pero nadie se inmutó, en una muestra de vergonzosa

cobardía generalizada. Se debe romper el miedo al poder político para liberar a la población de la enorme cárcel en que ha venido siendo encorsetada desde la época de la dictadura de Alfredo Stroessner, y en la que la siguen manteniendo sus émulos de hoy.