Los narcos gobiernan cada vez más al país.
Un informe emitido esta semana por una oficina especializada de las Naciones Unidas señala que el mercado mundial de la droga está prosperando. Se trata de una realidad que la estamos sufriendo también en el Paraguay, donde los narcotraficantes han venido permeando diversas esferas de nuestra sociedad, incluidos todos los ámbitos del Estado. Allí están hoy, en todas partes, agazapados, estirando sus tentáculos hacia los ámbitos del Estado o de las empresas particulares desde donde pueden ejercer influencia, amedrentando, sobornando o imponiendo autoridades en puestos públicos funcionales para ellos. Moviéndose en el sector privado, sus cada vez mayores patrimonios les crean una dificultad: tienen que disimular sus fortunas tras actividades económicas que deben aparecer ante el público y la ley como lícitas, es decir, tienen que lavar su dinero y sus activos. El anonimato –como el que ofrecen las sociedades anónimas que emiten acciones al portador, o el financiamiento sin control a los partidos– es la forma ideal de esconder todo lo que esté al margen de la ley. Por eso, es preciso poseer las restricciones legales que cada uno de estos casos merece y, sobre todo, hay que tener autoridades con coraje suficiente para aplicarlas.
Un informe emitido esta semana por la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que el mercado mundial de la droga está prosperando. Se trata de una realidad que la estamos sufriendo también en el Paraguay, donde los narcotraficantes han venido permeando todas las esferas de nuestra sociedad.
En nuestro país, los narcotraficantes comenzaron conformando bandas relativamente pequeñas, de recursos y acción limitados, en áreas geográficas reducidas. Poco a poco incrementaron su número, su organización, su poder económico y su influencia; por consiguiente, comenzaron a abarcar zonas más extensas e incrementar sus ambiciones de mayor presencia en los espacios y actividades que dirigen la marcha de la sociedad nacional, resumibles en dos palabras: economía y política.
Allí están hoy, en todas partes, agazapados, estirando sus tentáculos hacia todos los ámbitos del Estado o de las empresas particulares desde donde pueden ejercer influencia, amedrentando, sobornando o imponiendo autoridades en puestos públicos funcionales para ellos.
Moviéndose en el sector privado, sus cada vez mayores patrimonios les crean una dificultad: tienen que disimular sus fortunas tras actividades económicas que deben aparecer ante el público y la ley como lícitas, es decir, tienen que lavar su dinero y sus activos. Aquí es donde las sociedades anónimas que emiten acciones al portador se convierten en excelentes instrumentos para que los criminales camuflen sus bienes malhabidos. Las acciones en la sociedad empresarial que no exige llevar impresos los nombres de sus dueños (innominadas), y que, por consiguiente, pueden ser presentadas en las transacciones o asambleas por cualquier persona, son el medio ideal para ocultar la identidad de sus verdaderos propietarios.
En la Cámara de Diputados de nuestro país se introdujo un proyecto de ley para eliminar esta figura del Derecho Comercial. Los diputados –a pesar de la firme oposición de algunos– aprobaron la eliminación de esta clase de acciones que se emiten en ciertas sociedades anónimas, pero los senadores les introdujeron cambios que tornan ineficaz la solución perseguida en el proyecto inicial. Los diputados se ratificaron en su redacción original y el proyecto volvió a la Cámara Alta, donde ahora requiere de mayoría absoluta de votos de los senadores para hacer prevalecer su posición.
Es natural que ante este golpe a sus intereses ocultos, todos los que tienen recursos de origen ilícito escondidos tras acciones innominadas se vean amenazados por esta prohibición legal en ciernes. Entre estos, los más perjudicados serán, por cierto, los narcotraficantes. Es lógico, por tanto, que estén presionando para impedir la reforma legal y frustrar la eliminación de las acciones empresariales al portador.
Otro tema que se debe comentar en relación con el dinero oculto es el de las “listas sábana”, instrumento –esta vez de carácter netamente político– del que se sirven los narcotraficantes para meter sus garras dentro del sistema de elección de autoridades. La “lista sábana” es la lista de candidatos que las cúpulas de los partidos políticos presenta al elector como opción cerrada, ante la cual el ciudadano debe optar por elegir a la lista completa o abstenerse de votar.
Como sabemos muy bien los paraguayos, esas listas son encabezadas por dos o tres personajes más o menos conocidos y atrayentes del ámbito de la política partidaria, que son los que muestran la cara en las fotografías publicitarias y en boletines de voto, pero, a continuación vienen mimetizados bandidos, defraudadores y oportunistas. Estos son los agentes a los que el narcotráfico recluta, financiándoles sus campañas electorales o sobornándoles de cualquier otro modo, para que, después de ser electos y asuman sus cargos, se ocupen de defender los intereses de sus benefactores y de procurarles impunidad. Y es en esta función que muchos legisladores, empleando pretextos, hacen lo posible para impedir la modificación del régimen de acciones innominadas en las sociedades anónimas, protegiendo los intereses señalados.
Íntimamente vinculado a todo lo anteriormente expuesto se halla el espinoso asunto del control público del financiamiento de los gastos electorales, que en todos los países decentes del mundo ocupa el centro de la atención de la justicia, por cuanto constituye un tema crucial en el equilibrio del sistema democrático.
¿Quiénes financian a los partidos y candidatos sus gastos de campaña electoral, como la publicidad, el transporte, los mitines y movilizaciones, etc.? En aquellos países, el origen de estos fondos es controlado con el mayor rigor y las leyes ponen límites a dichos gastos, de tal suerte que los candidatos que tengan mayores recursos económicos no dejen fuera de carrera a los menos afortunados.
En nuestro país, con una ley de financiamiento de partidos políticos inocua, débil y poco precisa, con instituciones de control que no funcionan (generalmente adrede) y con autoridades sobornadas o pusilánimes, el control estatal real a la actividad partidaria y a la gestión de las campañas electorales no existe. De manera que el dinero del narcotráfico a organizaciones políticas y campañas electorales puede perfectamente ser disimulado tras el velo de aportes que aparecen como anónimos y voluntarios.
El anonimato es la forma ideal de esconder todo lo que esté al margen de la ley; por eso es preciso poseer las restricciones legales que cada uno de estos casos merece; y, sobre todo, hay que tener autoridades con coraje suficiente para aplicarlas.
De esta manera, están dadas todas las condiciones para que los “narcos” manejen la política en nuestro país. Tienen inmensos recursos económicos bien camuflados, disponen de las “listas sábana” para introducir a sus agentes operativos y las vías expeditas para financiar a candidaturas, movimientos, partidos y hasta sobornar autoridades no electivas. Más ventajas no podrían pedir.
Ante la proximidad de nuevos comicios nacionales, la ciudadanía volverá a tener una ocasión especial para escoger a quienes van a gobernarla durante el próximo lustro. Para el efecto, debe exigir por todos los medios, especialmente manifestaciones públicas firmes y sostenidas, que se desbloqueen las “listas sábana”, el primer bastión donde se abroquelan los bandidos financiados por los narcotraficantes.