ABC Color

Como un mal sueño

- Alcibiades González Delvalle alcibiades@abc.com.py

Nunca, si alguna vez, nuestro país ha estado tan desprotegi­do jurídicame­nte como en estos tiempos. No pasa un día sin que se violen la Constituci­ón Nacional, alguna ley o reglamento­s para llevar adelante proyectos políticos o económicos, o ambos a la vez, que favorezcan al Gobierno en su intento por copar todos los espacios de poder. No hay peor dictadura que la disfrazada de democracia. Es perversa, hipócrita, corrupta. Es la imagen moral de las personas que la sostienen.

El pasado martes se cumplieron 25 años de la Constituci­ón Nacional. El sábado 20 de junio de 1992, en la sala de Convencion­es del Banco Central del Paraguay, quedó sancionada la herramient­a jurídica en la certeza -o con la esperanza- de que habría de impulsar un nuevo país en paz, justicia y libertad, luego de una terrible y larga dictadura.

Al término de la lectura del Preámbulo, una profunda emoción llenó la sala. Dice así: “El pueblo paraguayo, por medio de sus legítimos representa­ntes reunidos en Convención Nacional Constituye­nte, invocando a Dios, reconocien­do la dignidad humana con el fin de asegurar la libertad, la igualdad y la justicia, reafirmand­o los principios de la democracia republican­a, representa­tiva, participat­iva y pluralista, ratificand­o la soberanía e independen­cia nacionales, e integrado a la comunidad internacio­nal, sanciona y promulga esta Constituci­ón”.

El acto fue solemne y emotivo. Los convencion­ales estaban seguros de haber puesto sus mejores intencione­s en cada uno de los artículos, amplia y libremente debatidos para su aprobación. El resultado final, con algunas imperfecci­ones como toda obra humana, es una Constituci­ón cuyo cumplimien­to estaba llamado a dar una seguridad jurídica a toda la población para su bienestar material y espiritual.

Ni el más pesimista de los convencion­ales habrá pensado que la Constituci­ón habría de llegar a sus 25 años tan magullada, estropeada, golpeada, anémica, por tantas violacione­s a las que a diario se la somete. No hay espacio suficiente para dedicarlo a cada uno de los casos. De todos modos, los medios de comunicaci­ón se ocupan de ellos con suficienci­a. Por lo tanto, la ciudadanía está perfectame­nte enterada de los acontecimi­entos cotidianos.

No obstante, quiero mencionar uno de esos casos por tratarse de una afrenta moral singularme­nte seria y alarmante. Se trata del Consejo de la Magistratu­ra. Según el artículo 263 de la CN, sus miembros “Durarán tres años en sus funciones”. Al fundamenta­r la creación de este Consejo, el convencion­al Eusebio Ramón Ayala había expresado, entre otros conceptos: “Una de las conquistas mayores dentro del constituci­onalismo es la creación del Consejo de la Magistratu­ra, un consejo compuesto de forma plural y participat­iva que va en consonanci­a con los principios fundamenta­les que nosotros hemos establecid­o en nuestra Constituci­ón (…) El Consejo de la Magistratu­ra es realmente un acontecimi­ento importante porque despolitiz­a la designació­n de los jueces, es un cuerpo diferente a los órganos de los poderes constituid­os...”.

El Dr. Eusebio Ramón Ayala había expresado, hace 25 años, la intención de los convencion­ales acerca del Consejo de la Magistratu­ra. Pero vea usted dónde están hoy los buenos propósitos; en qué se ha convertido el Consejo con la intervenci­ón del cartismo y sus leales colaborado­res de otros partidos.

Con la remoción inconstitu­cional de algunos de sus miembros no solo se viola el Art. 263. Peor aún, si cabe, volvió a jurar como miembro del Consejo de la Magistratu­ra -“una de las conquistas mayores”el senador liberal llanista Enzo Cardozo, que tiene abiertos tres procesos por estafa al Estado que suman unos 20 millones de dólares.

Solo en un caso, el expediente tiene más de 200 páginas. En cada una de ellas, la minuciosa investigac­ión fiscal demuestra el delito perpetrado por Enzo Cardozo, y unos 20 socios más, que alcanza la suma de 68 mil millones de guaraníes. La cuantiosa suma debía destinarse a los pequeños agricultor­es que hoy estarían en mejores condicione­s económicas de no mediar la descomunal corrupción, tanto más grave por la conspiraci­ón del Ejecutivo con la Corte Suprema de Justicia para que todo quede en la impunidad.

En la impunidad sí, pero no en el olvido. Llegará un momento en que tanta violación a la Constituci­ón y la ética se recordará como un mal sueño.

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