Hoja de ruta hacia el totalitarismo.
Cuando Horacio Cartes fungía como presidente del club Libertad no faltaron anécdotas ciudadanas que le endilgaban el delito de compra de árbitros para hacer ganar a su equipo. Devenido presidente de la República, se ha empeñado en un sistemático esfuerzo por hacer lo mismo –en el caso de que aquello fuera cierto–, copando los Poderes e instituciones del Estado para asegurar su continuidad en el cargo para el cual fue democráticamente electo por solo un periodo de cinco años. Precisamente, y pese a la renuncia forzosa a su proyecto de rekutu presidencial, debido a la tenaz oposición ciudadana, lo que el presidente Cartes viene haciendo cada vez con mayor desembozo es la cooptación de las instituciones públicas de los tres Poderes del Estado. Con abierto descaro, busca purgar a los servidores públicos y a otros funcionarios que no se alinean a su voluntad autoritaria para reemplazarlos con partidarios fieles. A las instituciones que no le resultan fáciles de purgar con la intimidación, busca politizarlas de otras maneras. Habiendo fracasado en su intento de rekutu, lo que busca ahora es asegurar que su delfín gane la Presidencia de la República, y de ese modo seguir siendo él el dueño del Paraguay. La ciudadanía democrática no debe permitirlo.
Cuando Horacio Cartes fungía como presidente del club Libertad no faltaron anécdotas ciudadanas que le endilgaban el delito de compra de árbitros para hacer ganar a su equipo. Devenido presidente de la República, se ha empeñado en un sistemático esfuerzo por hacer lo mismo –en el caso de que aquello fuera cierto–, copando los Poderes e instituciones del Estado para asegurar su continuidad en el cargo para el cual fue democráticamente electo por solo un período de cinco años.
A un cuarto de siglo de vigencia de la primera Constitución democráticamente votada por el pueblo paraguayo en toda su historia, tras la defenestración del dictador Alfredo Stroessner, los paraguayos y paraguayas han aprendido a valorar lo que es vivir en libertad. De no haber sido así, con seguridad el presidente Horacio Cartes hubiese salido con la suya aferrándose al poder tanto tiempo como le fuera posible. No existiendo las condiciones políticas internas ni externas para perpetrar un golpe de Estado utilizando las bayonetas para imponer ley marcial y un Gobierno de partido único, como lo hiciera el tirano en su tiempo, ha optado por la modalidad de retroceso democrático utilizado por la mayoría de las autocracias contemporáneas: una serie de pasos incrementales legales e ilegales que, tomados en conjunto, tienen el efecto de inclinar el campo de juego a favor del proyecto autoritario.
Así, el ilegal proyecto de enmienda constitucional para habilitar la reelección presidencial, impulsado a tambor batiente por el Presidente, con la manifiesta complicidad del expresidente Fernando Lugo y la espontánea adhesión del sector de liberales “colaboracionistas” de Blas Llano ,se encuadró dentro de esa perversa estrategia de encubierta regresión autoritaria. Estrategia exitosamente implementada en su tiempo por Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador y Evo Morales en Bolivia, así como por Vladimir Putin en Rusia.
El primer paso para la implementación de tal hoja de ruta autoritaria es la politización de las instituciones del Estado mediante la intimidación y el soborno, con el fin de utilizarlas contra los sectores sociales y políticos que se oponen al avance de las pretensiones autoritarias impulsadas a través de la manipulación de las instituciones de los tres Poderes del Estado.
Bajo la Constitución promulgada en 1992, al igual que otras naciones democráticas, el Paraguay posee órganos jurisdiccionales que tienen la misión de investigar y castigar delitos cometidos por los ciudadanos, sean estos funcionarios o particulares, tales como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público, la Justicia Electoral, la Contraloría General de la República, comisiones legislativas de investigación, Policía Nacional, reparticiones de regulación comercial y de control tributario, entre otros.
Dado que tales instituciones del Estado han sido creadas para fungir como árbitros neutrales en el ámbito de sus competencias jurisdiccionales, su manipulación es clave para avanzar cualquier proyecto autoritario disfrazado con ropaje democrático. Su misión constitucional es castigar abusos, tanto de particulares como de funcionarios del Gobierno o del propio Gobierno. Sin embargo, controladas por leales al poder, esas instituciones pueden encubrir delitos cometidos por este, al tiempo de servir como instrumentos en contra de sectores de la sociedad que se le oponen por la razón que sea.
Precisamente, y pese a la renuncia forzosa a su proyecto de rekutu presidencial, debido a la tenaz oposición ciudadana, lo que el presidente Cartes viene haciendo cada vez con mayor desembozo es la cooptación de las instituciones públicas de los tres Poderes del Estado. Con abierto descaro, busca purgar a los servidores públicos y a otros funcionarios que no se alinean a su voluntad autoritaria para reemplazarlos con partidarios fieles. A las instituciones que no le resultan fáciles de purgar con la intimidación, busca politizarlas de otras maneras. Los jueces, por ejemplo, pueden ser coimeados, hostigados o intrigados para que le complazcan, o amenazados de ser públicamente tildados como incompetentes, corruptos o antipatriotas. En cuanto a los ministros de la Corte Suprema de Justicia y otras altas autoridades que no pueden ser removidos con la lapicera presidencial, son obligados a doblar la cerviz mediante amenaza de juicio político.
Así como comprando al réfere uno puede asegurarse de que el mismo cobre un penal a favor del equipo –o deje de cobrar uno en contra– de igual manera, copando las instituciones del Estado el presidente Horacio Cartes está buscando blindarse él mismo y a sus adláteres en el Gobierno de cualquier investigación, imputación y cargos criminales a posteriori.
Prueba fehaciente de esta intención es su actual empeño en colocar a sus leales en el Consejo de la Magistratura, de modo de asegurarse que la terna para el futuro fiscal general del Estado incluya a su candidato para el cargo. Igual cosa podría decirse de los actos de corrupción en las instituciones públicas, tales como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Dirección Nacional de Aduanas, Conajzar, Indert, y la escandalosa pretensión de rifar el terreno de la Administración Nacional de Navegación y Puertos ubicado en la cabecera del Puente de la Amistad en Ciudad del Este, que ha saltado al tapete en días recientes.
Habiendo fracasado en su intento de rekutu, lo que el presidente Horacio Cartes busca ahora es copar las instituciones del Estado con el objeto de asegurar que su delfín gane la Presidencia de la República el próximo año, y de ese modo seguir siendo él el dueño del Paraguay. Ese objetivo no es simbólico, sino real.
Ante este negro panorama para el Paraguay, a toda costa la ciudadanía democrática tiene que movilizarse para impedir que ni por aproximación indirecta este dictador en potencia retenga las palancas del poder nacional en sus manos.