EDITORIAL

Simbiosis entre políticos ladrones y magistrados cobardes o

corruptos. Los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica, hicieron lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el senador Víctor Bogado contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que confirmó al juez Óscar Delgado en la causa abierta por estafa y lesión de confianza, en la que está involucrado con la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, funcionaria de la Cámara de Diputados que fue además contratada por Itaipú cuando él presidía ese órgano electivo. Ya pasaron tres años y medio desde la apertura de la causa, sin que hasta hoy se haya podido realizar ni siquiera la audiencia preliminar para resolver si el legislador debe afrontar o no un juicio oral. Otros casos que afectan a legisladores y políticos tienen trámites similares debido a las chicanas, no sancionadas por la máxima instancia judicial. Así actúan los magistrados cobardes y los políticos que los tienen acogotados, en un país donde el Estado de derecho brilla por su ausencia, donde un ladrón de gallinas carece del dinero y de los contactos necesarios para impedir que sobre él caiga todo el peso de la ley, mientras un político puede robar o dejar robar sumas multimillonarias con toda impunidad.

Los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, Miryam Peña y Gladys

Bareiro de Módica, hicieron lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por el senador Víctor Bogado contra la resolución de una Cámara de Apelaciones que confirmó al juez Óscar Delgado en la causa abierta por estafa y lesión de confianza, en la que está involucrado con la niñera de sus hijas, Gabriela Quintana, funcionaria de la Cámara de Diputados que fue además contratada por la Itaipú Binacional cuando él presidía ese órgano electivo. Ya

pasaron tres años y medio desde la apertura de la causa, sin que hasta hoy se haya podido realizar ni siquiera la audiencia preliminar para resolver si el legislador debe afrontar o no un juicio oral, debido a sus reiteradas chicanas, no sancionadas por la máxima instancia judicial. Ahora la Corte llegó a admitir formalmente una de las tantas diligencias dilatorias, planteadas porque su autor se sabe culpable de haber cometido los delitos que se le atribuyen. Quiere ganar tiempo a toda costa, burlándose de la “majestad de la Justicia” y mostrando a la ciudadanía, con la mayor desfachatez, que quienes ejercen el poder político pueden convertir en letra muerta el principio de igualdad ante la ley y el postulado de la independencia del Poder Judicial. Aparte de que gozan de “fueros” que pueden protegerlos de la persecución penal, tienen en sus garras a la magistratura, empezando por el órgano que la encabeza.

El senador Bogado no es el único que sigue impune mediante la protección brindada por los ministros de la Corte. Allí está su colega Enzo Cardozo, otro descarado chicanero que a inicios de 2015 planteó una acción de inconstitucionalidad contra la imputación formulada en su contra por el desvío de 3.700 millones de guaraníes, cuando dirigía el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG). La cuestión aún no ha sido resuelta por los ministros Antonio

Fretes, César Garay y el camarista Arnulfo Arias, lo mismo que una similar planteada en el caso de la presunta apropiación indebida de otros 68.000 millones del guaraníes del MAG.

Como miembro del Consejo de la Magistratura, este personaje intervendrá en la conformación de la terna de los candidatos a ocupar la Fiscalía General del Estado, sin tener la menor autoridad moral para ello, siendo de suponer que quien resulte finalmente elegido deberá en su momento retribuir la atención brindada.

Hay otros legisladores que también cuentan con la complicidad de la judicatura, con independencia del partido al que pertenezcan o del bando que integren en la actual contienda entre carto-llano-luguistas, por un lado, y efrainistas y colorados “disidentes”, por el otro. También los

diputados colorados Carlos Núñez, procesado por contrabando; José María Ibáñez, acusado de pagar con fondos públicos a los cuidadores de una quinta suya, y el liberal

Milciades Duré, quien en 2013 habría autorizado una compra fraudulenta de tierras en perjuicio del Indert, se benefician de las artimañas procesales y del “cajoneo” judicial para impedir incluso el inicio del juicio oral. El caso del último de los nombrados es muy ilustrativo: promovió una acción de inconstitucionalidad en mayo de 2016, a la que los ministros Antonio Fretes, Miryam Peña y Miguel Óscar

Bajac dieron trámite recién un año más tarde, lo que evitó que el juicio oral empezara en noviembre de 2016, como estaba previsto, así que ahora habrá que esperar que se tomen su tiempo para resolver. También los políticos que hoy no ocupan un escaño, como

Rafael Filizzola y Enrique Salyn Buzarquis, logran congelar sus causas en la máxima autoridad judicial, recurriendo a las consabidas chicanas: el primero está acusado de la compra irregular de helicópteros, así como de la sobrefacturación y de la no ejecución de pólizas en la reparación de comisarías, cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior; en tanto que al segundo se le acusa de haber cometido el delito de lesión de confianza en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas, bajo el Gobierno anterior. Ocurre que, aunque ya no sientan plaza en el Congreso,

tienen estrechos vínculos en ese órgano que, por cierto, tiene pendiente de resolución un juicio político promovido por la Cámara de Diputados contra los ministros Sindulfo Blanco,

Miguel Óscar Bajac y César Garay, ya en diciembre de 2014. Desde entonces, el expediente acumula polvo en el Senado, porque los políticos no se han puesto de acuerdo sobre los eventuales reemplazantes de los enjuiciados. No es que tuvieran dudas acerca de su mal desempeño, sino que el

infame “cuoteo” no ha funcionado, de modo que los citados ministros siguen en sus cargos, aunque los vengan ejerciendo muy mal, por decir lo menos.

La consecuencia de esta indignante situación, provocada por el hecho de que haya sido imposible consumar el “cuoteo” político-partidario, es que sobre la cabeza de los tres ministros cuelga desde hace unos años una espada de Damocles, que puede caer sobre ellos cuando los intereses políticos o personales de los parlamentarios sean afectados por alguna decisión de la autoridad suprema del Poder Judicial. La canallada de que ella paralice los procesos y permita la extraordinaria demora del inicio de los juicios orales no perjudica, desde luego, a ninguno de los miembros del Poder Legislativo, sino a la ciudadanía honesta, que tiene la legítima pretensión de que las fechorías de los políticos ladrones sean sancionadas de acuerdo al Código Penal. Así actúan los magistrados cobardes y los políticos que los tienen acogotados, en un país donde el Estado de derecho brilla por su ausencia. En el Paraguay, la ley no rige por igual para gobernantes y gobernados: un ladrón de gallinas carece del dinero y de los contactos necesarios para impedir que sobre él caiga todo el peso de la ley, pero un político puede robar o dejar robar sumas multimillonarias con toda impunidad, porque, al fin y al cabo, la composición de la Corte es el resultado de una sucia negociación en la que la idoneidad y la honorabilidad de los ministros son mucho menos importantes que el carnet partidario y la sumisión a quienes hacen de la política una actividad propicia para el enriquecimiento ilícito y el abuso del poder. Algo tenemos que hacer los ciudadanos y las ciudadanas para impedir que esa simbiosis entre políticos ladrones y magistrados cobardes o corruptos se siga cebando impunemente en el país.