Salyn Buzarquis busca evitar proceso por certificado falso
Enrique Salyn Buzarquis, exministro de Obras Públicas, se ratificó ayer en sede fiscal que sufre de problemas médicos y por eso no fue a su audiencia preliminar prevista para el 13 de junio pasado por un perjuicio de US$ 600.000 al Estado. Con una versión
La jueza María Gricelda Caballero tuvo que suspender la audiencia preliminar a pedido de los abogados de Buzarquis, quienes presentaron para el efecto un certificado médico con fecha 11 de junio, cuando el político estaba en Uruguay.
Por este motivo, el fiscal Francisco Torres lo convocó a declarar ayer. Buzarquis estuvo acompañado por su abogado Carmelo Caballero. Ya anteriormente, el médico Hernán Codas Jacquet declaró también en carácter de indagatoria.
Tras su declaración, Salyn Buzarquis indicó que Codas lo atendió el 9 de junio en su clínica y le recomendó de forma verbal que haga reposo por una afección renal y de médula espinal, algo que no cumplió.
Luego, el político indicó que viajó al Uruguay, con la comitiva que llevó a jóvenes dirigentes liberales imputados por fabricación de bombas molotov en sede del Parido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quienes buscan refugio político.
Agregó que en ese país recayó, por lo que consultó el 11 de junio por teléfono y el doctor Codas le indicó el reposo que luego presentaron sus abogados en el juzgado penal de garantías. Por este motivo, dice que adelantó su vuelta al país.
“El doctor Hernán Codas es un profesional de años, un caballero, no tiene nada que ver y no se va a prestar a un vyrorei. No especificó mi dolencia por ética profesional. Si a mí me quieren joder que lo hagan, pero no a él”, dijo Buzarquis.
El político aprovechó para cuestionar duramente al presidente Horacio Cartes. Dijo que el mismo maneja a su antojo la justicia y conforme a sus intereses porque persigue a opositores. “Él cree que puede comprar, vender personas. Habrá un grupo que acepte, pero no todos. Es peor que Stroessner porque el otro acomodó una ley para dar garrote”, precisó.
El exministro está acusado por la firma de un convenio por US$ 600.000, sin autorización del Poder Ejecutivo.