Contralores regionales
Una de las funciones más importantes de los concejales, tanto municipales como departamentales, es controlar el uso correcto del dinero publico que administra el intendente o el gobernador de turno. Del cumplimiento cabal de esta responsabilidad depende la realización de obras de progreso para un municipio o para el departamento.
Lastimosamente la realidad es otra y los concejales solamente responden a los intereses del ejecutivo, y a los suyos propios, dejando de lado el desarrollo social del pueblo. En el departamento de Alto Paraguay desde hace décadas la población viene siendo testigo de esa situación.
Los concejales municipales y departamentales, en su mayoría, aprueban las ejecuciones presupuestarias de intendentes y gobernadores “sin objeciones”. Es como un “secreto a voces” que sus votos tienen precio.
Recientemente, la concejala departamental Wilma Villalba de Fernández (ANR) dijo que la triste si- tuación de abandono que vive la región mejorará “cuando los concejales no se vendan más”. La edil es esposa del exgobernador Justo Fernández Bauzá (ANR), así que habrá hablado con conocimiento de causa.
La misma situación se repite en las cuatro municipalidades del Alto Chaco. Los ediles aprueban “a tambor batiente” todos los proyectos, balances, etcétera, que presentan los jefes comunales. Los pocos concejales que dicen rechazar estas irregularidades simplemente dejan de firmar las actas pero no se animan a realizar denuncias formales, por lo que se convierten en cómplices.
Gran porcentaje de estos concejales lograron aumentar en forma considerable sus niveles de vida, con lujosos vehículos, estancias, modernas viviendas, y otros se convirtieron de la noche a la mañana en comerciantes prósperos.
La “suerte” que tuvieron los concejales animó a numerosas personas a presentarse como precandidatos a ocupar una de las siete bancas de la Junta Departamental para las elecciones de 2018.
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