Autorizan vender valioso inmueble municipal cedido a un stronista
Los concejales colorados aprobaron ayer la venta de un valioso terreno ubicado sobre la Autopista, que en 1973 fue cedido al Centro de Acción Social Universitario (Casu), fundado por el exdiputado stronista Alfredo Molinas.
El inmueble municipal de 6.033 metros cuadrados ubicado en la cabera del cuestionado viaducto “Rodrigo Quintana”, en Autopista y Madame Lynch, valuado en unos US$ 5 millones, será entregado definitivamente al Casu porque la Comuna no posee G. 3.000 millones para abonar por las mejoras.
La valiosa porción del terreno municipal fue cedida en 1973 a Casu, fundado por el ex diputado stronista Nicanor Alfredo Molinas, con la condición de que debía invertir G. 12 millones en la construcción de un edificio.
Los antecedentes dan cuenta de que en 2003 Molinas solicitó a la Comuna la transferencia gratuita del terreno, pero muchos concejales alzaron su voz de protesta, porque la organización nunca cumplió con su compromiso. Debía invertir en la construcción de un edificio, pero nunca hizo. Inclusive el centro quedó totalmente inactivo después de la caída de Stroessner en 1989.
En 2011, durante la administración comunal de Arnaldo Samaniego, Casu consiguió el título sin pagar nada, a condición de que pasados los 5 años la Municipalidad tendría opción preferencial de compra.
En la sesión de ayer se votó por dos dictámenes de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. El primero encomendaba a la intendencia iniciar los trámites para recuperar el terreno, y el segundo, que “no hará uso del derecho de preferencial de compra (Ordenanza 33/95), que ganó finalmente con los votos de los colorados.
Según el concejal Daniel Centurión (ANR), la Municipalidad no tiene los G. 3.000 millones para pagar las mejoras hechas por Casu.
Federico Franco Troche (Juntos Podemos) y Sebastián Villarejo (PPQ) rechazaron enérgicamente la cesión del inmueble. Calificaron de “un nuevo despojo del erario municipal”. También el concejal Humberto Blasco (PLRA) lo criticó. Para el concejal Carlos Arregui (PDP), exfiscal de Delitos Económicos, se encuadra dentro del delito de daño patrimonial.
Queda en manos del intendente Mario Ferreiro concretar o rechazar la venta.