Cartes busca cooptar a las élites.

El rechazo de la mayoría del pueblo paraguayo a su inconstitucional proyecto de enmienda para forzar su reelección no ha impedido que el presidente Horacio Cartes continúe con su frenético afán de retener el tremendo poder que viene detentando. Como nuestro diario ha venido denunciando, con tal propósito ha pergeñado una hoja de ruta hacia el totalitarismo, utilizando la estrategia de las dictaduras no militares que han emergido alrededor del mundo. Tras hacerse con el poder, lo primero que han hecho tales gobernantes fue socavar los cimientos de las instituciones democráticas de las que se valieron para alcanzarlo. Hasta ahora, esos esfuerzos le han resultado exitosos al presidente Cartes, quien en su último año de mandato ha logrado copar totalmente los poderes del Estado: el Congreso, la Corte Suprema, la Fiscalía General, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Copadas las instituciones fundamentales, el presidente Cartes se lanza ahora a obtener la adhesión de las élites económicas del país. En ese sentido, ha dado otro importante paso para conseguir agua para su molino, con el millonario crédito concedido por el IPS a la empresa de telecomunicaciones Tigo, lo que resulta llamativo en el actual contexto político en que se inserta el mismo.

El rechazo de la mayoría del pueblo paraguayo a su inconstitucional proyecto de enmienda para forzar su reelección no ha impedido que el presidente Horacio Cartes continúe con su frenético afán de retener el tremendo poder que viene detentando. Como nuestro diario ha venido denunciando, con tal propósito ha pergeñado una hoja de ruta hacia el totalitarismo, utilizando la estrategia de las dictaduras no militares que han emergido alrededor del mundo en los últimos tiempos, como las de Hugo Chávez y sus seguidores en Latinoamérica, Vladimir Putin en Rusia y Al Sisi en Egipto, por citar a unos pocos. Todos, o al menos la mayoría de ellos, accedieron al poder por medios democráticos, mediante elecciones que no habrán sido enteramente limpias ni transparentes, pero que al menos les proporcionaron legitimidad a sus mandatos.

Tras hacerse con el poder, lo primero que han hecho tales gobernantes fue socavar los cimientos de las instituciones democráticas de las que se valieron para alcanzarlo, mediante pasos incrementales, legales e ilegales, que tomados en conjunto tuvieron el efecto de inclinar el campo de juego a favor del establecimiento de un régimen que, para no ser técnicamente una dictadura, tuviera elecciones y una oposición política.

Para establecer un sistema híbrido de esta naturaleza, con características autoritarias y ropaje democrático, les resulta necesario eliminar o, al menos, empujar hacia la periferia las opiniones críticas, tal como lo hizo Nicolás Maduro en Venezuela. A tal efecto, sus gestores procuran copar con sus propios medios de comunicación, o con medios afines, el libre espacio de que goza una sociedad democrática. Buscan dominar el espacio político, económico y social del país, reduciendo el alcance que pueda tener la prédica de los líderes opositores y el consiguiente retorno de la percepción que de ellos tiene la ciudadanía.

Hasta ahora, esos esfuerzos le han resultado exitosos al presidente Cartes. En particular, en lo concerniente a la alianza política con partidos y facciones de la fragmentada y débil oposición. Hasta tal punto ha llegado la largueza de su billetera y de la caja política que maneja en las entidades binacionales, que en el último año de mandato ha logrado copar totalmente los poderes del Estado: el Congreso, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y la Justicia Electoral. Copadas las instituciones fundamentales, el presidente Cartes se lanza ahora a obtener la adhesión de las élites económicas del país, utilizando el enorme poder coercitivo que tiene este a través de la imposición de decisiones y de los órganos de fiscalización de la actividad económica del país. Como lo hiciera en el campo político, en el económico el Primer Mandatario busca la cooptación del sector que genera la riqueza del país, que tiene tanto o más poder contingente que la clase política, con una doble finalidad. Por un lado, sumar a su propio peculio el aporte económico de los sectores comerciales, industriales y productivos del país, para el financiamiento de la campaña electoral de su delfín designado y de los demás candidatos a cargos electivos que se han comprometido a respaldar su gestión si Santiago Peña

logra ganar la presidencia en abril próximo, tanto desde el Parlamento como desde las gobernaciones departamentales y municipales. Por el otro, fracturar la tradicional unión corporativa existente entre los diversos gremios del país, forzándolos a tomar abierta postura política a favor o en contra del Gobierno.

En tal sentido, en nuestro editorial de ayer domingo aludíamos al tremendo “cháke” lanzado contra los productores de soja, mediante la amenaza de un impuesto a los granos, y a sabiendas de que ese poderoso sector productivo también involucra a las entidades bancarias que les dan créditos y a los grandes negocios que les proveen de insumos y maquinarias. Si bien el presidente Cartes anunció que vetaría una ley en tal sentido en caso de que el Congreso la apruebe, por el estratégico momento en que fue revivido el tema puede pensarse que el Primer Mandatario lo mantendrá como una espada de Damocles sobre la cabeza de los empresarios que se muestren reacios a apoyar a su candidato. El Presidente ha dado otro importante paso para conseguir agua destinada a su molino, con el crédito de G. 367.000 millones otorgado por el Instituto de Previsión Social (IPS) a la empresa de telecomunicaciones Tigo, filial de la transnacional Millicom. Más allá de la polémica desatada al respecto de esta operación financiera en el ámbito económico nacional, cabe, sin embargo, abrir el paraguas no tanto sobre la calidad de la inversión que ha hecho el IPS, sino sobre el actual contexto político en que ella se inserta . Es el Gobierno, o mejor dicho, el presidente Horacio Cartes el que busca atraer a su favor al actualmente más poderoso medio de telefonía móvil del Paraguay, por el que millones de ciudadanos se comunican dentro y fuera del país vía Internet, integrando las redes sociales que hoy tienen fuerte poder mediático y pueden movilizar a las masas a favor o en contra del Gobierno, como ya ocurriera no hace mucho cuando la población protestó masivamente contra el descabellado proyecto de enmienda impulsado por el presidente Cartes, y por cuyo efecto este terminó reculando de su propósito. Esta artimaña política no es ninguna novedad, menos aún un invento del presidente Cartes. La han utilizado con muy buen provecho el citado Vladimir Putin y otros jefes de Estado para sostenerse en el poder mediante una combinación de tiranía y democracia. Con todo, la apropiación por el Kremlin de los principales medios de comunicación de su país no ha impedido que la naciente sociedad civil rusa, conectada por las redes sociales de internet, haya podido encontrar puntos de interés por los cuales está luchando. Lo mismo sucede con la cada vez más fuerte sociedad civil paraguaya.

El presidente Cartes debe entender que el oficialismo colorado no va a adormecer ni a dispersar el sentimiento y la determinación de la ciudadanía, cuando esta perciba que la dignidad de la nación y su libertad estén en peligro, como se comprobó, si bien a un alto precio, en ocasión del descabellado intento de aprobar la reelección vía enmienda. En esa ocasión, se colmó “la paciencia de los buenos”, lo que sin duda alguna volverá a ocurrir si el actual Primer Mandatario no renuncia a su pretensión totalitaria.