Denuncian caso de estafa masiva en San Lorenzo
La fiscalía investiga a EMERRE SRL por una denuncia de fraude por más de G. 2.639 millones por el esquema Ponzi. Existen 20 casos contra la firma, representada por Miguel Alberto Paris Ferraro y Miguel Esteban Paris Falcón, padre e hijo. Un fiscal está en
SAN LORENZO (Antonia Delvalle C., corresponsal). Miguel Alberto Paris Ferraro y Miguel Esteban Paris Falcón, padre e hijo, que figuran como responsables de la empresa EMERRE SRL, soportan 20 denuncias, imputaciones y acusaciones por estafa, lesión de confianza y otros hechos punibles.
El fiscal de Fernando de la Mora, Gustavo Yegros, figura entre los estafados.
Un dictamen pericial revela que “la Sociedad denominada EMERRE SRL, como Persona Jurídica, fue utilizada falsamente como tomador de inversiones durante el ejercicio fiscal 2013, por valor de G. 2.639.847.053”. Además, la suma resultante, solamente del año 2013, jamás fue utilizada para generar ingresos a través de las actividades de la “sociedad” y ni siquiera se declaró como bien patrimo- nial de la firma, indica.
Los Paris también fueron imputados y acusados por desacato judicial. Fue por negarse a presentar balances y otros libros de comercio, delito derivado de otros supuestos hechos punibles presuntamente cometidos por los sindicados.
EMERRE SRL buscaba inversionistas a través de anuncios publicitarios en medios de prensa escrita, así como en redes sociales, para luego invertir en microcréditos. Sin embargo, no tenía autorización del Banco Central para la intermediación financiera.
Para mantener la estafa a flote utilizaron el método piramidal o esquema Ponzi para pagar y tranquilizar a los primeros inversionistas. El sistema consiste en pagar intereses cada cierto tiempo a los inversores, ya sea de su propio dinero o de otros nuevos, a fin de ir ganando su confianza y la de personas conocidas de sus primeros “socios” y/o “clientes” de tal manera a ir captando cada vez más capital.
Ayer llamamos al número de una línea móvil que figura en la publicidad y nos atendió una mujer que se negó a identificarse. Indicó que la empresa se disolvió cuando la pareja que la conformaba se divorció y aseguró desconocer la existencia de denuncias fiscales.
Pidió nuestro número telefónico y nombre para darle al abogado para que se comunique con nosotros. Dijo no tener autorización para dar el nombre del letrado.