Argentina será la gran beneficiada con Aña Cua

AYOLAS, Dpto. de Misiones (Miguel Ángel Rodríguez, corresponsal). El retiro de apenas 3,4 por ciento de toda la producción de energía de la central hidroeléctrica Yacyretá por parte de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) demuestra claramente que la única que se beneficiará con la obra en el brazo Aña Cua del río Paraná será la Argentina, insistió el exdirigente sindical de Itaipú y Yacyretá Florentín Gómez Del Puerto.

Muy pocos beneficios

Del Puerto agregó que esta situación demuestra una vez más que la construcción de otra usina en el brazo de referencia del Paraná, que estará totalmente en territorio paraguayo, en la práctica “no nos va a traer beneficios energéticos, y que si los hay serán ínfimos, como la captación transitoria de mano de obra, posibilidad que también deberá ser compartida con los argentinos”.

“La verdad es que la maquinización del Aña Cua producirá beneficios en forma abrumadora a la parte argentina y con el precio ínfimo con que se le vende la energía, resultante de la aplicación de la ilegal Nota Reversal de 1992, que no fue aprobada por el Congreso Nacional, para nuestro país quedará muy poco”, añadió el sindicalista.

Señaló que además de comprobarse que la Argentina no es tan solidaria con nuestro país, es una razón por la cual nosotros no tenemos por qué serlo con ella.

Recordó que nuestros socios en la represa hidroeléctrica “hasta están vendiendo nuestra energía al mercado brasileño y Paraguay no ve un peso de esa exportación ilegal que están haciendo”.

“Es lógico eso”

Por otro lado, Gómez Del Puerto duda de que el Gobierno de Horacio Cartes considere importante el tratamiento legislativo del nuevo instrumento diplomático que surgirá, el Acta de Entendimiento que firmó con su par argentino, Mauricio Macri, el 4 de mayo pasado. En ese sentido puso duda a lo señalado el martes último por el secretario general de la Presidencia, Juan Carlos López Moreira.

Recordó que la Nota Reversal que firmaron los Ejecutivos en 1992, pero que fue rechazada por el Congreso, sigue vigente, “la institucionalidad y el respeto de la ley no figuran en la agenda de este gobierno”, concluyó.