Lujosos bienes y acciones siguen a nombre del testaferro de Bogado
En una investigación por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, se confirma que lujosos bienes y acciones mayoritarias de una empresa aparecen a nombre de Miguel Ángel Carballo, conocido como el “mecánico de oro” y sindicado como testaferro del senad
Los bienes que aparecen a nombre de Miguel Ángel Carballo están siendo objeto de investigación por parte de la fiscala de Delitos Económicos Josefina Aghemo.
El allegado al parlamentario Víctor Bogado posee hasta un shopping en los papeles y es accionista mayoritario de la empresa Rocket SA, integrada con 19 acciones de G. 100.000.000 cada una, de las cuales nada menos que 18 están a su nombre.
Según fuentes de los Registros Públicos, el shopping Paseo Vía Bella, ubicado en el barrio Carmelitas, sigue estando a nombre de la firma Rocket SA, por lo que puede ser objeto de decomiso ante un eventual proceso por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
El inmueble en papeles costó G. 1.900 millones, pero en realidad habría sido adquirido por US$ 3 millones.
A nombre de la misma firma también sigue estando el lujoso departamento o miniloft en el Yacht y Golf Club Paraguayo que costó G. 450.000.000.
Como propiedad de Miguel Ángel Carballo aparecen tres fincas ubicadas en Emboscada, de donde es oriundo el investigado, que no tendrían un valor muy significativo y que en realidad serían las únicas de su propiedad.
Además, hay un juicio civil en el que se revelaría una deuda a favor de Carballo de nada menos que US$ 300.000, donde está demandada la diputada Cynthia Tarragó.
El Ministerio Público todavía no define el procesamiento de Carballo, quien no podría justificar su patrimonio con un sueldo de poco más de G. 5 millones en la Municipalidad de Asunción, aunque actualmente está comisionado al Ministerio de Justicia.
Reconoció planillerismo
La fortuna de Carballo no se condice con su calidad de planillero. El mismo reconoció en un proceso por cobro indebido de honorarios que ganaba G. 10 millones en la Cámara de Diputados sin trabajar y ahora pretende devolver solo G. 100 millones.
El propio fiscal Martín Cabrera pidió la suspensión condicional a favor del procesado, pero el juez Óscar Delgado solicitó antes informes a la Cámara Baja sobre lo realmente percibido irregularmente (más de G. 400 millones) y fue recusado por la defensa. El caso está trabado en la cámara.