Entre la mímica y la realidad
Osmar Gómez R.
Para el Gobierno las recurrentes movilizaciones de las últimas semanas forman parte de un plan sostenido por sectores del PLRA para generar incidentes y desestabilizar al Poder Ejecutivo.
La toma de colegios que hicieron en los últimos días los estudiantes también es procesada en esa misma lógica. Se pasa por alto que existen reclamos reales que desde hace bastante tiempo están pendientes.
Esta semana en los actos donde el presidente Cartes estuvo rodeado de gente sus custodios dejaron ver las armas de guerra que portaban. Algo poco usual. Ordinariamente se muestran con las armas reglamentarias. En el Gobierno nadie hizo comentarios, pero en los medios se filtró alguna cuestión relativa a una amenaza potencial. Nada muy concreto.
Hace algunos meses la oposición puso en cuestión la imparcialidad de la justicia electoral. Efraín Alegre, presidente de los liberales, declaró que el tribunal electoral no era confiable, dejando entrever que los resultados de las elecciones generales del próximo año podrían estar en riesgo. Es poco creíble que algo así pueda suceder sin que ello desencadene una crisis que terminará afectando incluso a aquellos que quieran beneficiarse del fraude.
Parece fantasioso pensar que todo forma parte de algo planeado que apunta a desestabilizar al Gobierno. En muchos casos los reclamos son legítimos y merecen la atención del poder administrador. Sin embargo, no se puede pasar por alto que reiterativamente se están dando situaciones conflictivas que terminan envolviendo al Poder Ejecutivo.
¿Estamos entonces asistiendo al desarrollo de un plan para desestabilizar al Gobierno? ¿Enlaza esto con aquel deseo de llevar a juicio político a Cartes que hasta hace algunas semanas manejaban opositores y disidentes en el Congreso? La sucesión de situaciones conflictivas confirma la tensión a la que están sometidos los diferentes actores sociales pero no muestra mucho más que eso. No hay, al menos por ahora, un catalizador que pueda llevar a pensar que se apunta a crear caos o tumbar al Gobierno. Asumir que las tensiones propias de todo modelo democrático suponen un ataque al poder parece una interpretación forzada.
Todo lo que está pasando se asemeja mucho más a las usuales maniobras que los diferentes actores políticos desarrollan en los tiempos de campaña electoral. Desde la disidencia y la oposición se hace un trabajo sostenido para castigar permanentemente al Gobierno. Desdibujar su capacidad, mostrarlo incapaz de atender las necesidades de la población para que en definitiva deje de ser una opción electoral o una opción de poder. Desde el Gobierno no solo se intenta desmontar ese relato sino que además se construye una historia propia donde se pone el foco en la conspiración permanente. Cada sector interpreta situaciones de acuerdo a la conveniencia electoral.
Este tipo de tensiones son normales en el juego democrático mientras se mantengan dentro de los límites institucionales. En definitiva cada sector busca quedarse con el poder político y utiliza las herramientas que tiene a mano.
Aún así habrá que tener cuidado para que el juego electoral no termine devorando a la frágil institucionalidad que se logró construir hasta ahora en el país. Los diferentes actores políticos tienen la responsabilidad de comprender que existen bordes que no pueden ser sobrepasados para que la democracia siga funcionando.
Todos los elementos que componen actualmente el juego político hacen suponer que las fricciones y tensiones van a seguir. Incluso podrían ir en aumento con el correr de las semanas. Lo que está por verse es hasta donde están dispuestos los políticos a avanzar poniendo adelante las pasiones y las necesidades sectoriales.