Presión contra referendo catalán
MADRID (AFP). Las autoridades políticas y judiciales de España endurecieron su amenaza de sanciones contra responsables catalanes, entre ellos directores de medios de comunicación, mandos policiales y alcaldes, para disuadirlos de participar en la organización del referendo de autodeterminación convocado para el 1 de octubre.
Pero las autoridades independentistas se mantienen desafiantes, asegurando que no se amilanarán por mucha presión que haga la justicia o el gobierno de España.
Al admitir a trámite cuatro recursos del gobierno español contra la consulta, lo que automáticamente la dejó suspendida cautelarmente, el Tribunal Constitucional lanzó la advertencia a más de un millar de altos funcionarios catalanes, sobre todo a los 948 alcaldes, quienes deben decidir si abren sus locales para permitir la votación.
Además, llamó a acatar su decisión so pena de “las eventuales responsabilidades, incluida la penal”.
Votos
La mayoría independentista del parlamento catalán aprobó el pasado miércoles la ley que regula el referéndum “vinculante”, con el que pretende, en caso de ganar el “sí”, declarar en 48 horas la independencia de la rica región de 7,5 millones de habitantes.
La ley fue recurrida por el gobierno español ante el Tribunal Constitucional, que previsiblemente la anulará toda vez que considera ilegal la consulta.
Bajo este panorama, la pregunta es si Cataluña logrará garantizar el “voto directo, personal, libre, secreto, igual e universal” que tenga credibilidad fuera y dentro de España.
“Ante un tsunami de querellas, habrá un tsunami de democracia”, avisó el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, a cargo del gobierno independentista que quiere preguntar el 1 de octubre a los catalanes si desean que la región de 7,5 millones de habitantes y que representa el 20% del PIB español se convierta en un “Estado independiente en forma de república”.