Ejecutivo tiene esta semana para definir sobre Opaci
El Jefe de Estado debe vetar o promulgar esta semana el proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que recorta en parte los poderes de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) sobre los reg
La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) cobra en forma irregular G. 10.000 o G. 20.000, a través de las 250 municipalidades de nuestro país, por expedición, renovación y perforación del registro de conducir. Este cobro genera un ingreso anual de unos G. 30.000 millones a la ONG manejada por políticos colorados.
El uso de este millonario ingreso tiene poco control y, según las sospechas, parte del mismo es desviada para fines particulares. Desde 2006, la ONG estuvo manejada como negocio propio por los hermanos Óscar Venancio (imputado), Ricardo y Basilio “Bachi” Núñez (asesor presidencial), caudillos del coloradismo en Villa Hayes.
A tal punto llegó la discrecionalidad en la actuación de la ONG que maneja dinero público, que los hermanos, con apoyo de algunos intendentes colorados denunciados por presuntos hechos de corrupción, modificaron los estatutos para permitir que hasta exintendentes puedan formar parte de su conducción. De esa forma, el exjefe comunal de Villa Hayes, Ricardo Núñez, volvió al ente para perpetuarse en el control de la institución.
Ante las críticas de numerosos intendentes por las transferencias “obligadas” que no generan beneficios para los distritos, Ricardo Núñez, sus hermanos y aliados, el 25 de febrero del 2016, entregaron la presidencia de la ONG a María del Carmen Benítez (ANR, cartista), intendenta de Ybycuí y pareja sentimental del diputado paraguariense Fidelino Tomás Rivas, conocido como “Éver” Rivas. Sin embargo, según nuestras fuentes, el clan continúa manejando el negocio.
En manos de Cartes
Desde el jueves, según consta en el documento, la modificación de la Ley de Tránsito y Seguridad Vial que recorta poderes de la Opaci en materia de registros de conducir, ya obra en poder del Ejecutivo.
El presidente Horacio Cartes debe vetar o promulgar dicha normativa, ya que, según la Constitución Nacional, artículo 205, de la promulgación automática, “se considerará aprobado si no emite una decisión en seis días hábiles, si contiene hasta diez artículos”. La propuesta tiene cinco artículos.