Ocupaba un lote, lo sacaron y ahora el Indert pretende entregarle a otro
Un compatriota que desde hace dos años ocupa un lote de 2.400 hectáreas en el Chaco denuncia que tras ser sacado por un grupo de personas, a fuerza de armas de fuego, y luego de que el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) ignorar
Aparentemente, este es un modus operandi muy conocido en la Región Occidental. Una persona ocupa un terreno fiscal, lo solicita al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), este lo ignora durante años y, repentinamente, aparece otro interesado en el mismo lote, cuyo pedido, por el contrario, corre velozmente en la burocrática estructura de la institución pública.
En medio de ambos procesos, un grupo de personas armadas, varias veces denunciadas ante la justicia, ingresan a las propiedades para sacar a los ocupantes iniciales, de tal modo que cuando el Indert acude a observar el inmueble para la verificación, este se encuentra “desocupado”.
Esto es lo que denuncia el compatriota Bernardino Caballero, ocupante desde el 2015 de 2.400 ha ubicadas en la línea 6 y línea 1 del lugar denominado Pablo Lagerenza (departamento de Alto Paraguay). A través del expediente N° 4058/16, solicitó al ente rural la adjudicación de las tierras, en las que introdujo mejoras.
En visita a nuestra redacción, el hermano del afectado, Luis Alberto Caballero, explicó que su intención es dar a conocer este caso a la opinión pública, pues el Indert no quiere reconocer los derechos de posesión de quien realmente estaba en el lugar y que fue sacado a la fuerza.
Contó que ante la información de que el ente quería dar a otra persona el inmueble, Bernardino Caballero solicitó al Juzgado Multifueros de Mariscal Estigarribia, a cargo del juez Víctor Hugo Ronzewski, un interdicto de retener la posesión. El magistrado se apersonó en el lugar y labró acta, en julio de 2016.
Desalojo violento
Dos días después, de acuerdo con el relato, unas siete personas con armas de fuego en mano y mucha violencia desalojaron a la fuerza a los empleados del señor Caballero y este grupo estuvo encabezado por Carlos Antonio Martínez Villagra, Carlos Augusto Martínez Colmán y José Domingo Melgarejo, a quien en la zona conocen como “Picudo”, según los datos. Se trata de personas que tienen antecedentes en casos similares y con procesos abiertos tras denuncias sobre este tipo de atropellos.
Tras lo ocurrido, Caballero solicitó el año pasado un interdicto de recobrar la posesión y también una acción penal en la que intervino el Ministerio Público, a través del fiscal Alan Schaerer, quien imputó a los denunciados. En tanto que el interdicto continúa su procedimiento ante el juez Pablo Benicio Monges de Bahía Negra.
Pero no es solamente esto lo que más sorprendió a la familia Caballero, sino el hecho de que el Indert recibió la solicitud de un tercero, llamado Sebastián Javier Ceuppens Ríos, y dio curso a ese expediente (702/17), por el que se pide el mismo inmueble en cuestión.
Trámite acelerado
Llamativamente, en este caso el instituto rural dio un trámite acelerado y el expediente se encuentra en etapa avanzada.
Según los datos que manejan los denunciantes, Ceuppens Ríos es pariente cercano de Daniel Alberto Ríos, amigo y excompañero de colegio del presidente del Indert, Justo Cárdenas.