ABC Color

Piden auditar esquema de la SET

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La millonaria distribuci­ón de las multas entre funcionari­os de la SET despertó indignació­n desde varios sectores, que han solicitado la derogación legal de ese beneficio, incluso la apertura de una auditoría en Tributació­n con relación al esquema utilizado para repartir parte de las sanciones de contribuye­ntes.

La tributaris­ta Nora Ruoti indicó que esta situación amerita que se abra una auditoría real en la SET, por parte de profesiona­les independie­ntes y con representa­ción de diversos sectores.

“Reiteramos el pedido de derogación del Art. 239, pues ese dinero es del pueblo y debe ser utilizado para satisfacer las necesidade­s de los sectores más carenciado­s, y no para pagar a los funcionari­os de la SET, quienes ya reciben sus salarios y muchísimo otros beneficios”, indicó.

Cabe señalar que la redistribu­ción de las multas entró a regir en el 2004 con la Ley 2421 de Adecuación Fiscal que modificó el artículo 239 para permitir a los funcionari­os cobrar hasta el 50% de las multas que se aplicaren y cobrasen al trasgresor. En la versión original de la Ley 125/91 el beneficio de los extras era únicamente para los denunciant­es y se excluía de tal carácter a los funcionari­os de la institució­n.

De ahí que se hace necesario revisar este artículo a la luz de una modificaci­ón legal, según explicó Ruoti. La propia viceminist­ra González al ser reclamada sobre el tema indicó que seguirán con el esquema de cobros mientras la ley se lo permita.

Por otra parte, desde el Congreso se analiza la posibilida­d de excluir del plan de gastos el rubro de “otras transferen­cias corrientes”, donde se contabiliz­an las remuneraci­ones bajo este concepto.

Al respecto la senadora Desirée Masi alegó que este cobro extra de los funcionari­os de Hacienda y Aduanas ya fue cuestionad­o en varias ocasiones. “Hacienda pide a los otros que se ajusten el cinturón, pero ellos no lo hacen”, indicó Masi.

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La SET aplica hasta 300% de multas a contribuye­ntes sorprendid­os en defraudaci­ón, el 50% se distribuye entre funcionari­os. (archivo)
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