Dos ONG denuncian plan de despojo al Estado mediante un juicio civil
La organización Tierra Viva denuncia la irregular tramitación de un juicio sobre fijación judicial de precio de 14.000 hectáreas expropiadas para la comunidad indígena Sawhoyamaxa, pese a que el valor de la indemnización ya es cosa juzgada. Para la ONG la
En una visita a nuestra redacción, los abogados Julia Cabello y José Paniagua, de Tierra Viva, y Óscar Ayala, de Codehupy, denunciaron que la cuestión ya ha sido resuelta en años anteriores por la Corte, que rechazó acciones de inconstitucionalidad promovidas por las firmas Roswell Company SA y Kansol SA.
“Es un juicio donde hay una pretensión de un ganadero de cobrar US$ 39 millones al Estado, y la Procuraduría está haciendo la defensa del caso y, curiosamente, está con una actitud sumamente displicente, haciéndole ganar totalmente al ganadero. Nosotros creemos que es por una reserva (G.
Sala constitucional integrada por Gladys Bareiro, Víctor Núñez y Antonio Fretes rechaza acción de inconstitucionalidad promovida por las empresas Roswell y Kansol contra la ley Nº 5194 del 11 de junio de 2014.
Sala constitucional integrada por Antonio Fretes, Gladys Bareiro y Víctor Núñez rechazó acción de inconstitucionalidad promovida por las empresas Roswell y Kansol contra artículo 3 de la Ley Nº 5194. 4.000 millones) que solicitó al juzgado para cobrar honorarios en función al monto que finalmente salga”, explicó la abogada Cabello.
Las ONG cuestionan a la Procuraduría por no interponer excepción de cosa juzgada así como tampoco ofrece perito tasador. Por este último punto también cuestionan al Instituto Nacional del Indígena (Indi) porque de esta forma se queda a expensas de la tasación de la parte accionante.
La Ley N° 5194 del 11 de junio del 2014 dispuso la expropiación de 14.404 hectáreas de tierras situadas en Pozo Colorado, Chaco, para su adjudicación a la comunidad Sawhoyamaxa. El artículo 3° de la referida ley establece el pago de una indemnización a Roswell Company SA y Kansol SA según el avalúo realizado por el MOPC y que fijó la suma de G. 34.939.617.222.
El fallo a través del cual la Corte rechazó la acción en el 2015 argumenta que las firmas debieron accionar en el ámbito administrativo, y si no lo hicieron en su momento, la acción no puede suplir la omisión o falta de ejercicio de derechos en que han incurrido los accionantes.