MOPC algo trama en APP-aeropuerto
El viernes último el Tribunal de Cuentas hizo lugar al desistimiento del MOPC en el juicio que promovió para invalidar un dictamen de la Contraloría y así adjudicar la APP del aeropuerto. Sin embargo, la supuesta “renuncia” sería parte de otra estrategia
La Contraloría recibe con cautela el desistimiento presentado por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) en el juicio que este promovió ante el Tribunal de Cuentas para tratar de invalidar el dictamen que le recomendaba cancelar toda la licitación para la modernización del aeropuerto Silvio Pettirossi.
El viernes último el tribunal hizo lugar al referido pedido planteado por el Ministerio y también por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), con la que había promovido conjuntamente la acción de nulidad. Sin embargo, según el contralor, Enrique García, esto no significa que el MOPC haya renunciado a su intención de adjudicar a toda costa esta polémica licitación.
Significa, según explicó, que el MOPC reconoce que lo contencioso administrativo no es la vía para invalidar el dictamen en cuestión, por razones jurídico-administrativas.
En pocas palabras, para atacar de nula una resolución, la resolución en cuestión debe existir. Este no era el caso, pues el pronunciamiento de la Contraloría se dio a través de un dictamen.
El contralor dice que no descarta que el MOPC adjudique la licitación de igual manera, incluso sin haber obtenido un fallo judicial que le sirva de aval, ante la existencia de un dictamen de Contraloría que recomendaba la cancelación. Desde el viernes último estamos intentando conversar con autoridades de Obras Públicas sobre este tema, pero se llamaron a silencio, una vez más.
La licitación para modernizar el aeropuerto a través de una asociación público privada (APP) de 30 años está paralizada desde enero de este año, cuando un grupo de senadores denunció una serie de maniobras para favorecer al consorcio que aparece como favorito, el conformado por las empresas Sacyr y Agunsa.
Una vez que intervino la Contraloría para auditar toda la licitación, el ministro Ramón Jiménez Gaona se había comprometido públicamente a acatar la recomendación una vez que esta saliera, pero cuando salió y le recomendó la cancelación, el ministro a través de sus abogados terminó recurriéndola ante el Tribunal de Cuentas, en una acción presentada conjuntamente con la Dinac.