Van a tercerizar impuestos en Asuncion
La Contraloría dictaminó a favor del plan de Mario Ferreiro de encargar a una empresa privada parte de la gestión tributaria de la Municipalidad de Asunción. Cobrará el 30% del aumento de la recaudación. Hay dudas sobre la legalidad y la constitucionalidad de la medida, que también puede afectar privacidad de contribuyentes.
La Contraloría General de la República (CGR) resolvió apoyar el proyecto impulsado por el intendente Mario Ferreiro para la consultoría del Sistema de Gestión Tributaria y Catastral de la Municipalidad de Asunción.
Mediante la licitación una empresa privada se encargaría de “mejorar” la recaudación de Asunción, que en el 2016 fue de 161 millones de dólares, según informó Óscar Orué, director Municipal de Hacienda.
La ganancia de la empresa dependerá de si hay o no un aumento en la recaudación, ya que se pagará a la misma hasta un 30% del incremento en los impuestos. El porcentaje podría ser menos, ya que cada oferente presentará en el proceso licitatorio su propuesta.
La licitación es criticada por diferentes sectores debido a que sería una “privatización” disfrazada. Por ejemplo el Sindicato Municipal de Trabajadores de la Ciudad de Asunción (Simuca) sostiene que los más de 8.000 funcionarios municipales deberían hacer el trabajo.
No obstante, la consultoría no implica la cesión del cobro de impuestos a una empresa. La Comuna seguirá haciendo ese trabajo. Lo que la empresa ganadora deberá hacer es realizar un análisis de la situación de la gestión tributaria y catastral; proveer de sistemas informáticos, hardware y software; capacitar a los funcionarios; y, por ejemplo, digitalizar el sistema catastral, según el Pliego de Bases y Condiciones.
El dictamen emitido por la CGR acompaña el proyecto argumentando que el proceso cumple con todas las leyes y normas vigentes.
El dictamen de la Contraloría atentaría contra claras disposiciones constitucionales y legales, que guardan relación con la estructura, administración y función del Estado. Entre otros, violaría el artículo 36 de la Constitución que habla de la “inviolabilidad del patrimonio documental y de la documentación privada”.
Igualmente se estaría violentando el artículo 166 de la Carta Magna, que se refiere a la autonomía de las municipalidades.
Se presume que se estaría ante un gran negociado, al cual la Contraloría allana el camino mediante un sugestivo dictamen. Este documento fue firmado por la directora de la Dirección General de Licitaciones, Gladys Vivian Espínola; abogado Carlos Montero, auditor y José María Sanabria, encargado de despacho.