Prisión preventiva para ultranacionalistas
La justicia española dictó ayer prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno regional catalán, acusados de sedición y malversación, mientras queda pendiente el destino del expresidente Carles Puigdemont, que había huido a Bélgica.
MADRID (AFP). La jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a la cárcel a ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado que acudieron ayer a declarar a Madrid, entre ellos, el vicepresidente Oriol Junqueras.
Sin embargo, otorgó libertad provisional bajo fianza para el noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre, y que tendrá que pagar 50.000 euros para eludir la cárcel.
Para justificar la prisión a espera de juicio, la juez alegó que existe riesgo de fuga –recordando el viaje de Puigdemont y parte de su gobierno a Bélgica–, así como de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas.
“Los querellados jugaron un papel activo, impulsando el proceso soberanista minuciosamente diseñado y franqueando toda clase de barreras que pudieran desviarles de su última finalidad”, la declaración de independencia, indica el auto de la jueza.
La cuenta en Twitter de Junqueras publicó un mensaje en el que pidió: “Haced cada día aquello que esté a vuestro alcance para que el bien derrote al mal en las urnas el 21 de diciembre”, fecha de las próximas elecciones regionales.
El presidente separatista catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ministros, todos destituidos, huyeron días antes a Bélgica, y no fueron a Madrid a declarar por rebelión y sedición.
El fiscal solicitó que se dicte una orden europea de captura contra ellos, sobre la que la jueza Lamela todavía debe pronunciarse.
Todos fueron citados en calidad de investigados por rebelión, sedición y malversación de fondos por su papel en la proclamación de la república catalana el viernes pasado.
Los separatistas, desde el gobierno regional de Cataluña, declararon la “independencia”, luego de una serie de actos inconstitucionales y basan su “legitimidad” en un “referendo” también ilegal y realizado sin ningún control y con manifiestas irregularidades.
El gobierno central de Rajoy respondió con el cese del ejecutivo catalán y la disolución del Parlamento.
Se trata de delitos muy graves que pueden acarrear hasta 30 años de cárcel.
Si Puigdemont es, finalmente, detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
Aunque estos comicios fueron convocados por el gobierno central de Mariano Rajoy, tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos separatistas decidieron participar.