Allanaron en Argentina oficinas de cuestionada contratista del MOPC
La Administración Federal de Ingresos Públicos allanó ayer en Argentina oficinas del grupo Isolux, empresa que hizo el “superviaducto”, sospechada de corrupción por emitir facturas falsas, según el diario Clarín.
De acuerdo a los datos del periódico argentino, se realizaron nueve allanamientos en la Ute Grupo Isolux Corsán, tanto en su sede en Santa Cruz como en Córdoba. La orden fue emitida por el juzgado Penal Económico 10 por la utilización de facturas falsas para la evasión de impuestos que podrían superar los 200 millones de pesos.
La empresa, sospechada de corrupción construyó la central termoeléctrica de carbón en la localidad de Río Turbio, adjudicada por Julio De Vido, extitular del extinto Ministerio de Planificación Federal, actualmente con prisión preventiva, acusado por malversación de fondos públicos (26.000 millones de pesos) y desvíos de dinero por 265 millones de pesos en este caso.
Isolux afronta denuncias por retrasos en obras adjudicadas y por supuesto pago de “comisiones” en varios países desde hace años, según diversos portales de noticias.
En mayo pasado, el diario español El Mundo informó sobre un caso abierto en España para investigar las cuentas del político Jordi Pujol Ferrusola, dueño de la citada firma. La policía española presentó pruebas de una participación de Pujol en una trama de “corrupción internacional” para conseguir contratos públicos amañados, que incluiría a Paraguay.
En este caso, el MOPC pagó a Isolux Corsán G. 124.210 millones por la construcción del “superviaducto”, una polémica estructura que es centro de una investigación de la Fiscalía debido a que se habrían dejado de hacer obras por unos US$ 3 millones. Una denuncia penal al respecto fue presentada por el diseñador de la obra, Ing. Hermann Pankow, contra el ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y los miembros del comité evaluador de la licitación: Dionisio Agustín Mereles, Roberto Carlos Enrique, Esteban Vicente Sarubbi, Juan Manuel Cano y Claudia Centurión. La denuncia es por los aparentes delitos de lesión de confianza y asociación criminal. La investigación está a cargo del fiscal José dos Santos.
A solo tres meses de su inauguración, el “superviaducto” ya presentaba varias fallas, como filtraciones en las paredes del túnel, rajaduras y hasta inundaciones. A esto se suman otras falencias, entre otras, la falta de pasos peatonales y problemas en el sistema de desagüe.