No habrá Constitución que alcance

Marcos Cáceres Amarilla

Casi todos los precandidatos a presidente que se presentan para el 2018 coinciden en que impulsarán una Convención Constituyente al año siguiente de asumir. Es verdad que, a la luz de la experiencia de 25 años de vigencia de nuestra Carta Magna, se ve que necesita ajustes. Pero no habrá Constitución que valga mientras accedan a los espacios del poder político nacional personas sin principios, dispuestas a interpretar las leyes de acuerdo a sus caprichos o conveniencias coyunturales.

El debate sobre la atribución del Poder Ejecutivo para vetar total o parcialmente el Presupuesto General de Gastos de la Nación es otro capítulo de los que se dan regularmente, sobre las interpretaciones posibles de artículos de la Constitución.

Por un lado, algunos legisladores argumentan que, si bien la Ley de Presupuesto es la más importante y prioritaria para la Nación, no deja de ser una ley que puede ser vetada total o parcialmente por el Poder Ejecutivo.

Del otro lado, los impulsores de la modificación dicen que el Presupuesto General es una ley con un tratamiento y consideración muy especiales en dos artículos de la Constitución, los cuales no mencionan la posibilidad de que pueda ser vetada.

Se trata de una discusión de carácter constitucional que, en el fondo, pone en el tapete la definición de quién tiene la última palabra en las cuestiones referidas a la administración del Estado.

No es la primera vez que se plantea una cuestión de este tipo. En algunos casos, como tal vez sea el que ahora se da en torno a la definición del Presupuesto General, es evidente que hay elementos para interpretaciones contrapuestas.

Pero también se han dado, en muchas ocasiones, interpretaciones de la Constitución que pretendían instalar argumentos forzados, antojadizos o maliciosos. Su aprobación no dependía del análisis racional e institucional sino de la cantidad de votos que se tenían.

La reforma de la Constitución que todos los candidatos prometen instalar puede aclarar algunas cuestiones que actualmente son “interpretables”. Pero no será posible que prevean todas las situaciones políticas que se pueden dar y, mucho menos, pondrán freno a la imaginación de los dirigentes políticos de nuestro país cuando se trata de avalar alguna conveniencia personal.

Tal vez lo máximo que se pueda lograr es que la nueva Carta Magna sea menos “parlamentarista”, como dicen algunos analistas políticos que es la que nos rige, por el hecho de que en la Convención Constituyente de 1992 estaba muy presente la dictadura stronista y su poder omnímodo, por encima de los otros poderes del Estado.

Es discutible, para decir lo menos, que la solución a nuestros males institucionales sea impulsar una Constitución más “presidencialista”.

De hecho, la tendencia a nivel mundial en las últimas décadas, en los países con larga tradición democrática, fue la de ir decantándose hacia sistemas parlamentaristas.

En realidad, el avance de nuestro país hacia una sociedad más democrática, inclusiva y justa para la mayoría no vendrá de una Constitución mejor redactada. Se necesitan mejores dirigentes y líderes, con una visión a largo plazo, con iniciativa y con mejores condiciones intelectuales y morales.

Se trata de una cuestión que solamente podrá instalarse a largo –o muy largo– plazo. Pero es algo que los líderes o aspirantes a serlo que tenemos actualmente deben tener claro para invertir cada vez un mayor porcentaje del Presupuesto General de Gastos en educación.

Eso es lo mínimo, quizás lo único, que la ciudadanía debería exigir con fuerza a quienes ahora se están postulando y no creer, como algunos quieren dar a entender, que cambiar la Constitución es la clave.