Inflan el Presupuesto con la anuencia del Gobierno
Con voto oficialista y guiño del Ejecutivo, diputados aumentaron gastos en casi US$ 100 millones El 4 de octubre Lea Giménez había dicho en la CAP que había “cero margen” para incrementos Se aprobó emisión de bonos por US$ 600 millones y se mantuvo repart
Si bien la oposición planteó un recorte de la emisión de títulos del Tesoro, eso no prosperó en el segundo día de análisis del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2018. En una primera vuelta, el lunes último, el tratamiento se trabó justamente por las diferencias en torno a una nueva emisión de títulos que se destinará en un 50% al repago de deudas (bicicleteo).
Una de las propuestas más tajantes fue la de eliminar complemente la emisión de bonos para el 2018. También se planteó reprogramar parte de la emisión que se proyecta destinar a la construcción de penitenciarías en Emboscada. Otra propuesta escuchada fue la de autorizar la emisión solo para cubrir compromisos ya asumidos. Tras el debate, la mayoría oficialista pesó en la decisión, quedando autorizado el pedido del Ejecutivo, de US$ 600 millones para este efecto. Los votos quedaron en 41 a favor, frente a 37 en contra.
El año pasado también los legisladores de la oposición intentaron recortar la emisión de bonos, logrando la aprobación del Congreso, pero que finalmente quedó sin efecto por el veto a la Ley del Presupuesto 2017.
Luz verde a multas
También fue motivo de discusión la repartición de multas en Tributación. Uno de los planteamiento fue aceptar sólo 10% de lo previsto en el presupuesto 2018 (unos G. 40.000 millones), y la diferencia cambiar de fuente a fin de que esos recursos estén disponibles para cubrir otras necesidades en salud o educación. La propuesta no prosperó y quedó firme el plan del Ejecutivo de seguir premiando a funcionarios de aquella repartición.
El PGN previsto inicialmente por el Ejecutivo es de G. 73,1 billones, y entre las comisiones asesoras (Bicameral y de Presupuesto de Diputados) acordaron inflar en unos G. 544.000 millones (casi US$ 100 millones), arriesgando el cumplimiento del tope de la Ley de Responsabilidad Fiscal, establecido en 1,5% del PIB, y pese a que la propia ministra de Hacienda, Lea Giménez, afirmó el 4 de octubre pasado, en reunión con la Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP), “que no se contaba con un guaraní para inflar el presupuesto”. Agregaba, incluso, que “debemos dejar de mentir a la ciudadanía, no tenemos recursos financieros para pagarlo, no tiene sentido”. Sin embargo, gran parte de estos aumentos contaron ahora con la venia de su cartera.
Entre los cambios figuran subas salariales para Fiscalía, Educación, Salud, Corte Suprema, y creación de cargos por desprecarización laboral en pleno año electoral.