Cartista, con órdenes de captura
Servián, empresario ligado al comercio y el turismo, no tiene antecedentes en la función pública. Se presenta por el movimiento regional “Todos por Itapúa”.
El otro aspirante a gobernador es el actual diputado colorado disidente Mario Cáceres, de Convergencia Colorada. No tiene denuncias relacionadas al ejercicio de sus funciones.
El precandidato cartista a gobernador es Juan Schmalko. El mismo fue intendente de Encarnación (2010-2015) y director de Yacyretá, de agosto del 2013 a enero del 2016. Tiene cuestionamientos de cuando ejerció la intendencia municipal, como el haber otorgado en forma directa y exclusiva la explotación comercial de las playas de la ciudad a un particular, Afara Salomón,
CORONEL OVIEDO (Víctor Daniel Barrera Burgos, corresponsal). El cartismo tiene como operador político a un funcionario del Ministerio Público que cuenta con dos órdenes de captura por rebeldía. Se trata de Carlos César Cortaza Cañete, quien debe someterse a dos juicios por maltrato físico, lesión y amenaza. Sin embargo, está en libertad y trabaja para candidatos cartistas. Incluso se que derivó en un jugoso negocio inmobiliario de sub arrendamientos de espacios públicos. Una auditoría externa, que abarcó los años 2013, 2014 y 2015, detectó irregularidades en el manejo financiero y administrativo da el lujo de posar en fotos con el presidente Horacio Cartes.
Cortaza Cañete está siendo procesado por agredir a dos personas en circunstancias diferentes, según las denuncias. Las víctimas fueron Arnaldo Cañete Meza y María Haydée López, quienes denunciaron el hecho tras supuestamente ser brutalmente golpeados por el funcionario público.
La primera orden de captura fue expedida el 24 de abril del 2017 por el tribunal unipersonal de Caaguazú a que derivó en una quiebra técnica del municipio encarnaceno por causa del aumento de la deuda del 421 por ciento. De unos G. 4.000 millones la deuda llegó a los 22.000 millones. La auditoría, realizada por Proyectos cargo del juez Víctor Vera Valoud. La segunda fue firmada por el mismo juez el 3 de agosto del 2017 y corresponde al caso de López.
El abogado querellante de uno de los denunciantes, Rodolfo Cantero, afirmó que ya se cansó de pedir a los jefes de policías que detengan a Cortaza Cañete, pero hasta el momento no pasó nada dado que el procesado tendría la protección política del oficialismo.
Según la nómina de funcionarios del Ministerio Publico, Cortaza Cañete tiene el cargo de notificador y percibe mensualmente la suma de G. 2.879.900. El funcionario de la Fiscalía es conocido por su prepotencia. y Sistemas, detectó que más de G. 26.000 millones (más de US$ 4,5 millones) provenientes de royalties fueron dilapidados en gastos corrientes y pago de combustibles. Hay denuncia en la Fiscalía sobre este caso.