La Contraloría denuncia graves irregularidades en Comisión Pilcomayo
Una serie de irregularidades, pagos indebidos, transferencias ilegales, deficiencias de control, entre otras anomalías, encontró la Contraloría General de la República (CGR) en la auditoría aplicada a la Comisión Nacional de la Cuenca del Río Pilcomayo, d
El pago indebido de G. 29.887 millones al Consorcio La Dorada (LPN 37/14) es uno de los principales hallazgos de la auditoría de la CGR sobre la administración de la Comisión Nacional de Regulación y Aprovechamiento Múltiple del Río Pilcomayo, dependiente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), señala el informe final que, si bien se inició el año pasado, también comprende el año 2017.
En segundo término el documento indica que la Comisión del Pilcomayo también realizó pago indebido de G. 40.571 millones al Consorcio Tocsa-Vialsur SA (LPN número 98/15).
“La Comisión Pilcomayo ha proveído 13.572 litros de combustibles durante el ejercicio 2015 y 2016, para maquinarias o equipos que no forman parte de su inventario”, señala el documento firmado por el equipo de auditores integrado por Carolina Articanaba, Humberto Franco y Analía Gómez, de la CGR.
Otro hecho irregular descubierto por los técnicos es que la Comisión del Pilcomayo proveyó 6.030 litros de combustible a equipos de transporte y maquinarias en mal estado. “La Comisión no ha remitido las órdenes de trabajo que justifiquen el uso del combustible entregado ni tampoco documentaciones que justifiquen que dicha situación ha sido comunicada a la dependencia correspondiente”, resalta el documento, al que accedió nuestro diario.
El listado sigue con el pago de G. 685 millones por el programa de educación ambiental que se realiza sin cumplir con el pliego de bases y condiciones con relación a materiales educativos y de difusión, cantidad de capacitaciones, seminarios, talleres y charlas.
“Sin ajustarse a lo dispuesto en la Ley 5386/15, que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN), la Comisión del Pilcomayo realizó transferencias a la Asociación Rural del Paraguay (ARP) bajo el objeto del gasto 842”, indica otro de los puntos del informe de la CGR.
Añade que también fueron determinadas deficiencias de control por parte de la Comisión del Pilcomayo en relación a las transferencias realizadas a la ARP, considerando que no realizó la devolución de los recursos no utilizados del año 2015, por G. 525 millones, incumpliendo lo establecido en el artículo 7, inciso h, de la Ley 5554/16, que aprueba el PGN, para el ejercicio 2016.
Otra deficiencia de control por parte de la Comisión del Pilcomayo que fue descubierta afecta a las transferencias realizadas a la ARP por G. 1.000 millones, monto sobre la cual el gremio no cuenta con un cronograma de trabajo para la ejecución. Esto permite que quede supeditado a los pedidos realizados por la Comisión, que no son el resultado de un cronograma de trabajo o de una planificación previa de estimaciones de gastos.
A su vez, la Contraloría encontró que la Comisión del Pilcomayo no cuenta con órdenes de trabajo que permitan justificar el uso de 117.964 litros de combustible durante los ejercicios 2015 y 2016, por lo que no se cumple la Resolución 119/16 de la entidad contralora.
El informe de auditoría, que cuenta con 102 páginas, también señala que durante la verificación “in situ” realizada en la zona de Embocadura y General Díaz, el equipo de auditoría no visualizó maquinarias y equipos de transporte por un valor de G. 1.802,3 millones.
Como plan de mejoramiento, la CGR propone implementar un plan que permita solucionar las deficiencias y debilidades señaladas en su informe final, dentro del plazo de 30 días, contados a partir de la emisión del informe, que fue entregado al Ministerio de Obras Públicas el viernes último.
Posible hecho punible
En la parte final el documento señala que conforme al dictamen 507, del 17 de octubre pasado de la CGR, se realizará una mesa de trabajo con Auditoría Forense para profundizar los hallazgos y determinar la pertinencia del llenado de formulario de “indicios de hechos punibles contra el patrimonio”.