Vida de lujos de fiscales de A. Paraná
La mayoría de los fiscales asignados en el departamento de Alto Paraná tienen en su currículum cuestionadas actuaciones. Algunos son sindicados de proteger al crimen organizado, mientras otros mejoraron en forma astronómica su posición económica luego de
CIUDAD DEL ESTE (De nuestra redacción regional). Los fiscales que cumplen funciones en Alto Paraná se muestran benevolentes con políticos con serias denuncias de corrupción y son implacables cuando se trata de opositores o delincuentes de poca monta. Incluso, varios son conocidos por la desidia en la investigación de graves casos de ejecuciones atribuidas al crimen organizado y que van camino al oparei, según las denuncias.
Una de las agentes cuestionadas es la fiscal de la unidad penal N° 1 de Ciudad del Este, Juliana Giménez. La agente de vivir en un inquilinato del barrio Remansito de esta ciudad pasó a residir en una lujosa mansión situada en el exclusivo sector del Km. 4. La vivienda está valuada en al menos 300.000 dólares.
Giménez es la fiscal “estrella” del caso Forex, esquema que permitió el lavado de 600 millones de dólares. Logró la condena de cinco prestanombres, pero llamativamente no investigó a los dueños del dinero mal habido.
La agente también mantiene una complaciente actuación en beneficio de los exintendentes de Presidente Franco Alcides Fernández (ANR) y Abrahán Alegre (ANR), imputados por un supuesto desfalco de G. 7.000 millones. Sugestivamente no tramitó con celeridad las pruebas que evidencian el saqueo.
Igualmente, avaló el blanqueo de tres clonadores de tarjetas, que habrían pagado una coima de 50.000 dólares a la jueza Teresita Cazal.
Otra fiscal en la mira es Zunilda Ocampos Marín, de la unidad especializada de Medio Ambiente. La agente fue denunciada por comerciantes de armas por supuestamente recaudar 100.000 dólares en operativos extorsivos junto con su pareja sentimental, el subcomisario Fabio Santacruz.
Ocampos Marín también es una agente “magnate”: acumuló fortuna en tiempo récord tras asumir como fiscal. Actualmente mora en una residencia de unos 400.000 dólares y se moviliza en una camioneta de alta gama de 60.000 dólares, de acuerdo a los datos.
La fiscal se destaca por su improductividad. En cinco años no consiguió ni diez condenas por crímenes ambientales; hay fuerte tufo de que los casos son negociados. Ocampos Marín, además, encabezaba los controles de alcotest, denunciados como extorsivos por los automovilistas.
Recaudadores
El agente Marcelo García de Zúñiga, de la unidad de Delitos Marcarios, también aparece como uno de los cuestionados. Es sindicado por gremios de abogados como supuesto miembro de una gavilla que extorsionaba a comerciantes que venden mercaderías falsificadas en el microcentro de Ciudad del Este.
Además, fue sindicado por supuestamente cobrar 50.000 dólares semanalmente para hacer la vista gorda a los aviones cargueros que traen productos apócrifos hasta el aeropuerto Guaraní, de Minga Guazú. Igualmente, gremios de abogados acusaron a García de Zúñiga de ser supuesto recaudador de la “corona” del Ministerio Público.
La lista sigue con el agente Marcelo Saldívar, de la unidad penal N° 3 de Ciudad del Este. Saldívar cajonea desde hace dos años la denuncia por casos de corrupción en la Universidad Nacional del Este (UNE), desnudados durante las protestas estudiantiles de 2015.
Mientras los saqueadores de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) ya fueron llevados al banquillo de los acusados por ilícitos similares, los responsables de la UNE se encaminan a la impunidad.
Saldívar también coadyuva a su colega Denice Duarte en la investigación del megaasalto a Prosegur. Los agentes poco avanzaron en las averiguaciones para aclarar el robo de casi 12 millones de dólares.
Otro que aparece es el fiscal Enrique Gómez, de la unidad penal N° 4, de Ciudad del Este. De su anterior sede fiscal, de Hernandarias, prácticamente fue expulsado por los pobladores por varias denuncias de irregularidades. El agente fue denunciado por un automovilista por supuestamente integrar una banda extorsiva que quitaba dinero a los incautos en dudosos operativos de alcotest.
Además, Gómez habría operado fuertemente para blanquear al exintendente de Hernandarias y precandidato a gobernador Mario Castillo (PLRA), denunciado por un supuesto desfalco de G. 21.000 millones.
También está el fiscal adjunto de Ciudad del Este, Alejo Vera. Es el encargado de coordinar los trabajos de los fiscales de la zona. Los gremios de abogados acusaron a Vera por supuestamente mantener una rosca de recaudadores para la “corona” del Ministerio Público. Tras venir a Ciudad del Este, adquirió una coqueta residencia de verano en el departamento de Cordillera.