Tres puntales de gobiernos kirchneristas acabaron presos
Tras las legislativas de octubre, tres puntales del kirchnerismo acabaron en prisión por causas en las que la sociedad siempre sospechó de su culpabilidad, pero la Justicia aún no determinó si son responsables. Argentina debate si se politizó la Justicia
BUENOS AIRES (EFE). Los caminos de la Justicia y la política en Argentina están cruzados en un punto de intersección llamado corrupción.
Tras el arresto de tres puntales de los gobiernos kirchneristas, los argentinos debaten si se politizó la Justicia o si se judicializó la política. Sus causas acumularon años en la Justicia y ahora se han activado con inédita rapidez.
A pesar de que los expedientes y las investigaciones sigan igual, Cambiemos ganó y con su triunfo algo cambió: hay detenidos por corrupción.
Amado Boudou, quien fuera vicepresidente del último periodo presidencial de Cristina Fernández de Kirchner (2011-2015) y Julio de Vido, el todopoderoso ministro del área energética y de obras públicas de todo el periodo kirchnerista (2003-2015), está en prisión por diversas acusaciones de corrupción.
Las órdenes judiciales para impulsar las prisiones preventivas de ambos, así como la del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión, Roberto Baratta responden al peligro del entorpecimiento de las causas.
Se trata de expedientes que suelen extenderse por más de una década.
El 25 de octubre, tres días después de los comicios y luego de atravesar un 2017 en el que había sorteado diversos pedidos de detención De Vido fue a prisión.
Tenía en su contra varias causas por corrupción, iniciadas en los últimos años, en las que se investiga desde millonarios fraudes en un proyecto minero que nunca se llevó a cabo, pago de sobreprecios en la compra de gas licuado, irregularidades en la concesión de obra pública y casos tan sensibles como un accidente de tren que dejó 50 muertos en 2012 en Buenos Aires, en el que lo acusan de defraudación contra la administración pública.
Boudou fue sorprendido en su departamento, en pijama y despeinado. Las fuerzas de seguridad lo detuvieron por orden judicial porque el exfuncionario mostró incongruencias entre su patrimonio y su declaración jurada durante sus funciones en el Estado.
Llevaba cinco años investigado por enriquecimiento ilícito y en todo este tiempo ni siquiera había sido citado a declarar.