Corte se presta a jugada en la APP de aeropuerto
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de “certeza constitucional” planteada por el MOPC para adjudicar la APP del aeropuerto, pese a que la figura no existe en nuestra legislación y aún cuando la Contraloría dicta
La Sala Constitucional de la Corte, integrada por los ministros Miryam Peña, Antonio Fretes y Gladys Bareiro de Módica, decidió dar trámite a la acción de certeza planteada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para que la Corte emita una declaración que le permita adjudicar el contrato de Alianza Público-Privada (APP) del aeropuerto. No obstante, en el mismo documento, la magistrada Bareiro de Módica hizo constar su oposición a que se estudiara el recurso, puesto que lo considera inconstitucional, pues no está previsto dentro de la Carta Magna.
La adjudicación de este contrato de 30 años a favor del consorcio Sacyr-Agunsa era inminente a principio de este año, pero el proceso quedó paralizado cuando un grupo de senadores denunció diversas irregularidades y maniobras internas dentro del MOPC, cuyo titular es Ramón Jiménez Gaona, para favorecer a la mencionada oferente.
Según los datos, algunas de esas maniobras buscaban mantener en carrera a Sacyr, pese a sus antecedentes de incumplimiento en otros países, que según el pliego de bases y condiciones, eran motivo de descalificación.
Posteriormente, el MOPC supeditó la adjudicación de este contrato al resultado de una auditoría que inició la Contraloría sobre toda la licitación y que tuvo como resultado la constatación de varias de las irregularidades denunciadas por los senadores y finalmente, la recomendación de cancelar todo el proceso.
El MOPC recurrió primero ante la misma Contraloría con una “reconsideración”, que fue rechazada y, posteriormente, fue al Tribunal de Cuentas a solicitar la anulación del dictamen del ente auditor, pese a que el mismo no tenía carácter de resolución y por lo tanto, no era recurrible ante el Tribunal. Pero luego, el MOPC terminó desistiendo de esta acción y fue así que el caso terminó en la Corte.
Afirman que en APP ya existe cosa juzgada
El abogado Theodore Stimson, especialista en temas administrativos, sostuvo ayer en el programa Economía a Fondo de ABC TV que pese al desistimiento de la acción presentada por el MOPC ante el Tribunal de Cuentas, instancia a la que había recurrido primeramente, se consumó la “cosa juzgada” y por ende, el caso no puede volver a tratarse en ninguna otra instancia.
“El MOPC presentó una reconsideración que la Contraloría rechazó y posteriormente fue hasta el Tribunal de Cuentas para luego desistir. Al haber hecho eso, no se puede volver a plantear la misma pretensión en ninguna otra instancia”, aseguró.
Por otro lado, Stimson dijo que la acción de certeza constitucional no está prevista en la constitución ni en la ley que organiza la Corte. Agregó que este colegiado no está para evacuar consultas, sino para resolver casos contenciosos. “La otra vía hubiera sido la acción de inconstitucionalidad, pero respetando la bilateralidad. Es decir, que exista una contraparte (en este caso la Contraloría)”, explicó.
En efecto, en esta nueva maniobra judicial articulada por el MOPC no existe contraparte ni se correrá traslado a la institución de la Contraloría, que en su momento presentó serios cuestionamientos de carácter jurídico a la continuidad del procedimiento de APP para la entrega del aeropuerto.
Buscan un “aval”
No es la primera vez que el MOPC realiza interpretaciones dudosas de las leyes y de sus propias atribuciones para intentar blanquear el negociado de la APP.
En una ocasión, intentó involucrar a la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) pidiéndole una opinión técnica sobre la licitación del aeropuerto, cuando ya existía un dictamen de la Contraloría que recomendaba cancelar todo el proceso.
La intención en aquel momento, al igual que ahora, era obtener un documento que les sirviera a las autoridades del MOPC para justificar la adjudicación a toda costa y eventualmente exhibirlo en un proceso judicial que pueda ser abierto más adelante.