¿Libertad de expresión o de insulto?
SALAMANCA. Desde hace algún tiempo vengo sosteniendo la idea que Internet, exceptuando esos pocos momentos en que se convierte en una herramienta de un incuestionable valor, en la mayoría de los casos ha venido a incentivar la inmadurez, el resentimiento y la irresponsabilidad que nos rodean por todas partes. Lo que antes se escribía en las paredes de los baños públicos, ahora se hace en una pantalla luminosa lo que nos ofrece un sentimiento de superioridad. Lo que antes se reducía al pequeño círculo de ciudadanos que acudían a tal o cual baño público, ahora se ha multiplicado por varios miles ya que esa pantalla luminosa se ha introducido en nuestra intimidad.
Acabo de leer que la directora del Centro Cultural El Cabildo, Margarita Morselli, entabló una demanda contra varias personas por “difamación, calumnia e injuria” a través de “términos ofensivos con calificativos hasta delictuales”. No voy a entrar en la polémica ya que no conozco todos los detalles y desde la distancia en que me encuentro carezco de los medios necesarios para interiorizarme del caso. Sí me interesa poner de nuevo sobre la mesa este tema que necesita ser encarado de una vez por todas como una manera de proteger la dignidad de las personas. No se puede seguir postergando analizar el impacto que esas formas delictuales tienen en la convivencia diaria de todos los ciudadanos.
Hace unas semanas en el Congreso un legislador propuso un proyecto de ley por el cual se prohibía que se insultase a los diputados y senadores a través de Internet. Es una obsesión que estos señores tienen de querer protegerse de las opiniones de la ciudadanía, aunque sea a la fuerza y a golpe de garrote. Mucho más efectivo sería que exhiban una conducta intachable y las críticas y los insultos cesarán inmediatamente.
Leyendo lo que opinan los lectores de esta o aquella noticia uno se puede dar cuenta del nivel de barbarie en que nos encontramos. Pasemos por alto la ortografía que es desconocida olímpicamente. Vayamos a la violencia con que se opina pidiendo el paredón, que se fusile a cierta gente, que se lo torture antes de matarlo, que se lo meta en la cárcel de por vida (no lo estoy inventando, todo esto lo he leído), además de expresiones de odio, de xenofobia, de racismo, de homofobia, de antisemitismo, de supremacismo, de machismo, de discriminación. Ninguno de estos términos se puede considerar como positivo. Todos ellos conllevan una carga de violencia que cuando estalla deviene en tragedia. Es también frecuente encontrar, cuando no se está de acuerdo con el autor de una opinión, la inscripción: “H.D.L.G.P.” como si fuera que de este modo se aligera el insulto ya que lo que se quiere decir es: “Hijo De La Gran P....” Esta es la tolerancia que estamos practicando.
Habrá quien diga que se debe respetar la libertad de expresión. La libertad de expresión, sí. La libertad de insultar, no. Toda libertad exige una cuota de responsabilidad. Yo me expreso libremente con mi cara, con mi nombre verdadero, con mi documento de identidad, con mis argumentos, con mi racionalidad. El que se esconde atrás de un perfil falso para agredir al otro no se está expresando libremente, sino está cometiendo un acto de cobardía.
En España hay leyes que persiguen y castigan quienes promueven el odio, a quienes alientan la discriminación, el desprecio al otro, la violencia contra el extraño o el diferente. Si alguien me dice en la calle “sudaca” (término despreciativo que se usa hacia los sudamericanos) puedo denunciarle al policía más cercano que ya se encargará él de poner las cosas en vereda.
Lastimosamente en nuestro país no tenemos ninguna disposición legal que castigue la discriminación. Hubo intentos de que se legislara pero los señores diputados y senadores miraron a otro lado y dejaron que la propuesta terminara olvidada en algún cajón de una oficina olvidada de un departamento olvidado de un edificio olvidado de donde nunca será rescatada. Al parecer, el único camino que queda es construir un país sobre la base del odio.