¿A qué precio?

El hecho de que el llanismo y Frente Guasu hayan decidido asumir la defensa del senador colorado cartista Óscar González Daher, el primero sin explicación alguna y el otro con ridículos argumentos, como el de Hugo Richer diciendo que “nosotros no nos metemos en las internas coloradas” y el de Fernando Lugo: “no soy quien para juzgar” revela la continuidad del pacto entre el cartismo, el llanismo y Frente Guasu.

Este pacto rige desde que el actual presidente Horacio Cartes y el expresidente Lugo encontraron coincidencia en el interés común de buscar la reelección, prohibida por la Constitución. A ellos se sumó el llanismo para sacar tajadas coyunturales.

En ese afán, los tres bloques atropellaron disposiciones constitucionales y jerarquías institucionales, hasta que una orden externa cayó en medio de ellos como un rayo y toda la gran campaña se extinguió al instante con el anuncio del propio Cartes de terminar con la búsqueda de la reelección por la vía de la enmienda.

El cálculo de entonces de que todo volverá a ser como antes, sin pacto entre oposición y oficialismo tuvo sus elementos iniciales de apoyo, como por ejemplo el anuncio engañoso de Frente Guasu de rechazar a la candidata oficialista para el Ministerio Público, Sandra Quiñónez, a sabiendas de que con ello igual respalda la opción del Ejecutivo de quedarse con el actual fiscal general, Díaz Verón, que a pesar del vencimiento de su plazo continúa por reconducción tácita dudosa.

A ello debe sumarse la iniciativa de aumentar sustancialmente el impuesto al tabaco, que como se sabe afecta directamente al presidente Cartes, además de aumentar la recaudación mediante el impuesto a la soja y otros granos. Todo al parecer es, más que para incomodar al oficialismo, para tratar de desmarcarse del mismo y mejorar la imagen del bloque actuando otra vez como opositor.

Ese lapso de duda e intento de confundir a la opinión pública sobre la persistencia o no del pacto fue aprovechado por el titular del PLRA, Efraín Alegre, que al mismo tiempo es precandidato presidencial de su partido para concretar una alianza entre el PLRA y Frente Guasu, cediendo a este la precandidatura a la vicepresidencia de la república, con lo cual se podía continuar hablando del pacto pero ya era casi imposible sostener la verosimilitud de su vigencia.

¿A cambio de qué Fernando Lugo y Blas Llano decidieron “salvar” a un personaje clave del cartismo en medio de una encarnizada lucha interna entre este movimiento y los disidentes colorados?

Para cualquier político principiante está más que claro que la probable “sanción” no es un castigo a la conducta personal del senador como para que el presidente del Congreso (que está obligado a cumplir y hacer cumplir la Constitución) diga que “no soy quien para juzgar”. Tampoco estaba en juego la afiliación ni la opción interna dentro del partido del senador González Daher.

Lo que se puso a consideración del Senado era la posibilidad de ejercer la facultad de uno de los poderes del Estado de sancionar la práctica nefasta de tráfico de influencia de uno de sus miembros, recurriendo a la opción más leve de la amonestación por un máximo de 60 días sin goce de dieta. Ni siquiera estamos hablando de la aplicación del artículo 201 de la Constitución que habla de la pérdida de investidura del legislador que hizo uso indebido de sus influencias.

Pretendía hacer un tímido llamado de atención a González Daher, quien viene abusando del poder desde hace años, y que al ser sancionado hubiese tenido repercusión sobre el cartismo. Me intriga saber qué factura están pagando luguistas y llanistas con esta actitud o ¿que jugada estará obligado a realizar Cartes, a cambio de esta, en el futuro?