Siete mil páginas
“En la guerra, la primera baja es la verdad”, reza una frase atribuida a Hiram Johnson, senador norteamericano, en 1917. La frase recurrente en discursos es demoledora atendiendo que, en una disputa, quienes se enfrentan creen tener –y la tienen– parte de la verdad de su lado.
En los últimos meses, en las redes sociales y en los mensajes de Whatsapp hemos sido sin quererlo testigos de una guerra entre el mecenas cultural Nicolás Latourrette Bo y la directora del Cabildo, Margarita Morselli. Hasta la semana pasada los tiroteos llegaban solo a la categoría de chismes o insultos innecesarios, todos con el fin de desvirtuar el trabajo de Morselli.
El troleo virtual de acusaciones de mal uso de fondos públicos llegaba al punto de hartar, fastidiar y provocar una mezcla de ternura y pena por los sistemáticos ataques de toda calaña hacia la artista y directora cultural.
Pero si algo de bueno –por decirlo así– tienen los enfrentamientos propios o ajenos es que en la lucha por imponer su verdad, en ocasiones, las partes pueden ayudar a llegar a la verdad objetiva, esa que está exenta de fanatismo e insultos de baja estofa.
A modo de defensa, Morselli decidió demandar a Latourrette.
Este, a su turno, decidió utilizar un arma contundente que empodera a la ciudadanía: la Ley 5282 de Acceso a la Información Pública y Transparencia Gubernamental.
Así, el 24 de octubre pasado, el mencionado solicitaba informaciones desde la creación del Centro Cultural El Cabildo, hasta la fecha. Algunos datos solicitados contemplaban uso de cupo de combustibles, montos utilizados por beneficiarios, cantidad de eventos realizados, detalle de la tasación de las casas del Bicentenario, nómina del personal, legajo de Morselli, legajo de Carlos Salcedo, marcación de horario de entrada y salida, etcétera, etcétera, etcétera, a su email. En tiempo récord, la Oficina de Atención a la Ciudadanía
entregó la información compilada en siete mil páginas que fueron subidas a la nube: http://cloud.senado.gov.py/owncloud/index.php/s/ohWeUWB256PCq6f
No tengo la menor idea de cómo terminará esta guerra. Lo que sí sé es que disputas como estas nos dejan una gran lección y un legado: el ejercicio de pedir y el derecho de acceder a la información pública. También debemos señalar que estos datos no son patrimonio exclusivo del señor Latourrette; son patrimonio de todos los ciudadanos. Esta guerra cultural nos enseña que la ley AIP funciona cuando los entes del Estado muestran que existe una verdadera intención de gobernar de manera transparente. Porque, seamos sinceros, cuando no quieren dar la info, no nos la dan.