Ciudadanía anestesiada.
En los últimos días salió a la luz una serie de hechos indignantes, cuyo común denominador es un descarado tráfico de influencias, penado por la Ley N° 2523/04 con hasta cinco años de cárcel cuando apunta a obtener un dictamen o un fallo a favor por parte de un fiscal o de un juez. Pese a su enorme trascendencia, las revelaciones que cobraron estado público no despertaron la repulsa ciudadana que se merecen. Solo un par de entidades se pronunciaron sobre hechos puntuales, mientras otros sectores importantes de la sociedad civil guardan un inquietante silencio. Resulta alarmante que las graves informaciones recientes no hayan provocado en el país entero una reacción acorde a su importancia. Si a la sociedad civil le resulta indiferente este nauseabundo ambiente político, continuará en nuestro país rigiendo la ley del más fuerte, del más rico o del allegado más próximo a los que mandan. Una firme y perseverante reacción de la ciudadanía mediante manifestaciones de repudio en las calles y escraches a los bandidos e impresentables, allí donde se muestren, puede constituir el único antídoto contra este grave mal que carcome a nuestra sociedad.
En los últimos días salió a la luz una serie de hechos indignantes, cuyo común denominador es un descarado
tráfico de influencias, penado por la Ley N° 2523/04 con hasta cinco años de cárcel cuando apunta a obtener un dictamen o un fallo de favor por parte de un fiscal o de un juez. Se trata de un delito en el que estarían involucrados, en casos distintos, el secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, Raúl Fernández; el diputado Sergio Rojas y el abogado Carmelo Caballero; el miembro del Tribunal de Apelaciones en lo Penal del Alto Paraná Aniceto Amarilla, y el exintendente de Hernandarias Mario Castillo; el integrante del mismo órgano Isidro González, y el diputado Carlos Portillo; y hasta el presidente de la República, Horacio Cartes, el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, y el extitular de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Juan Ángel Napout.
Pese a su enorme trascendencia, las revelaciones que cobraron estado público no despertaron la repulsa ciudadana que se merecen en un país donde se cree que un funcionario del órgano que juzga a fiscales y jueces debe estar por encima de toda sospecha, que los abogados son auxiliares de la Justicia, que el Ministerio Público y el Poder Judicial deben ceñirse estrictamente a la ley, que su independencia debe ser respetada por los Poderes Legislativo y Ejecutivo, que el fiscal general del Estado debe representar lealmente a la sociedad ante los órganos jurisdiccionales, y que el presidente de una organización privada no debe valerse de sus amistades en el Gobierno para lograr una resolución o una sentencia que satisfaga sus intereses.
Hasta ahora, el Colegio de Abogados se limitó a repudiar la presunta participación de profesionales del Derecho en el caso que afecta al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sin pronunciarse sobre los otros escándalos, que también suponen un evidente atropello al orden jurídico, con la aparente intervención de componentes de los tres Poderes del Estado. Pero dicho gremio lanzó al menos un comunicado, lo mismo que el Tribunal Ético contra la
Impunidad, que condenó la “grave impostura” de los senadores que impidieron la suspensión de su colega Óscar González Daher, presidente del mencionado Jurado. Mientras tanto, otros sectores importantes de la sociedad civil guardan un inquietante silencio, como si lo acontecido no les afectara en absoluto. ¿Nada tienen que decir los dirigentes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), de las organizaciones sindicales y campesinas de todo tipo o de los centros de estudiantes, sobre todo los de Derecho? ¿O los obispos de la Iglesia Católica? Cabe suponer que tienen clara idea de la Constitución y de la ley, y que, por ende, no ignoran la gravedad de los hechos referidos, que no atañen solo a las partes en un juicio, sino a la ciudadanía toda.
En efecto, cuando fiscales y jueces pueden ser influenciados en algún sentido por el poder político o económico en beneficio de los que mandan o de sus allegados, ninguna persona, paraguaya o extranjera, puede confiar en que sus derechos estén a salvo. La igualdad de acceso a la Justicia y la igualdad ante las leyes serán letra muerta. Inexplicablemente, estas verdades de Perogrullo
no parecen conmover a la generalidad de nuestros compatriotas, acaso porque sus cerebros ya están anestesiados por la interminable sucesión de tantas fechorías. Dentro de esa línea, es probable que ya hayan perdido la sensibilidad y que estimen que no vale la pena condenarlas públicamente, pues “así nomás luego funcionan las cosas en nuestro país”. Entonces, sería normal que sospechosamente se aparte a fiscales “desobedientes”, que se vendan sentencias o que el Presidente de la República “arregle” un juicio para darle el gusto a un amigo suyo.
Da la impresión de que la ciudadanía se resigna a aceptar las sucias reglas de juego vigentes que podrían resumirse en la información y el consejo que el camarista Amarilla brindó al exintendente esteño Castillo: “Se puso plata en tu contra desde Tabesa para que Contraloría dictamine en tu contra y se te meta palo. ¿Entendés? (...) Vos ko estás en el oficialismo; vos tenés que hablar con tus amigos, con Zulma (Gómez) y con (Blas) Llano y eso, y solucioná”. Como se lee, el magistrado mencionó una empresa que pertenece al
Jefe de Estado, que habría sobornado para que la Contraloría General de la República se expida contra el exintendente, dando a entender también que lo mismo podría hacer con el angurriento fiscal. Para contrarrestar la maniobra dolosa en su contra, nada mejor que el tráfico de influencias: el camarista le aconsejó a su interlocutor que hable con los senadores “liberales” afines al presidente Cartes, Blas Llano y Zulma Gómez, para que, obviamente, se pongan en contacto con el Primer Mandatario, de modo que “el número uno le avise a ese señor (José Ortiz, gerente de Tabesa) que se deje de joder y termina allí”. De paso, le sugirió a su interlocutor que piense hasta qué punto le conviene el fiscal, porque “come mucho hína...”.
En un país donde la magistratura fuera mínimamente honorable, sería inconcebible que un juez hablara en esos términos aberrantes; sin embargo, parece que en el Paraguay resulta normal, atendiendo la escasa indignación y repudio social que tuvo el diálogo, al igual que otros publicados por todos los medios de comunicación de similar contenido de fondo. A este paso, es de temer que pronto caigan en el olvido, cuando aparezcan ante la opinión pública nuevos “arreglos” más sucios que estos, porque viene ocurriendo que la publicación de un nuevo gran fato hace olvidar al precedente.
Resulta alarmante que las graves informaciones recientes no hayan provocado en el país entero una reacción acorde a su importancia. Las conversaciones telefónicas y los mensajes por WhatsApp existieron en los términos dados a conocer. Lo que correspondería, en consecuencia, es que los paraguayos y las paraguayas peguen el grito al cielo ante semejantes desvergüenzas, y exijan que los hechos sean investigados aunque afecten a las más altas esferas, o por eso mismo.
Si a la sociedad civil le resulta indiferente este nauseabundo ambiente político, continuará en nuestro país rigiendo la ley del más fuerte, del más rico o del allegado más próximo a los que mandan. Una firme y perseverante reacción de la ciudadanía mediante manifestaciones de repudio en las calles y escraches a los bandidos e impresentables allí donde se muestren puede constituir el único antídoto contra este grave mal que carcome a nuestra sociedad.