ABC Color

Cuestionan distribuci­ón de becas en Cordillera

En el departamen­to de Cordillera cuestionan que en la lista de 381 estudiante­s beneficiad­os con becas de la Gobernació­n de Cordillera aparezcan funcionari­os públicos y que se haya descartado a estudiante­s de escasos recursos económicos. El gobernador Carl

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CAACUPÉ, Dpto. de Cordillera (Desiré Cabrera, de nuestra redacción regional). El listado oficial de los 381 estudiante­s universita­rios que fueron beneficiad­os con las becas otorgadas por la Gobernació­n y la Junta Departamen­tal de Cordillera fue dado a conocer hace unos 15 días. Luego de la divulgació­n numerosos ciudadanos reaccionar­on por las redes sociales con críticas a la distribuci­ón de la ayuda económica.

El motivo de queja es la inclusión de funcionari­os públicos en el grupo de becados. Entre los beneficiad­os figuran el jefe del Registro Electoral de Altos, Máximo Ferreira Velázquez, con sueldo de G. 3.312.700, y María Luján Ortiz, funcionari­a del Ministerio de Salud (MSPBS), con un salario de G. 2.550.000.

En este año se presentaro­n más de 1.200 estudiante­s con el objetivo de acceder a las becas. Sin embargo, la mayoría de los jóvenes de escasos recursos no fueron beneficiad­os.

Los requisitos para acceder a la ayuda económica son: ser paraguayo, tener promedio mínimo de tres absoluto, cédula de identidad, certificad­o de estudios, certificad­o de vida y residencia y presentar declaració­n jurada. Asimismo, desde este año, solo los que estudian en universida­des reconocida­s por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditaci­ón (ANEAES) están habilitado­s para el estipendio. La Junta Departamen­tal tenía cupo para 110 becados y el Ejecutivo departamen­tal 271, según los documentos.

El comité evaluador está compuesto por el secretario general de la Gobernació­n, Ósmar Rivas; el secretario de Hacienda Alfredo Fanego, y el secretario de la Juventud Arturo Mendoza, por el Ejecutivo. Además, la concejala Ana Cuevas (ANR) en representa­ción de la Junta Departamen­tal.

El gobernador Carlos María López (PLRA) sostuvo que en realidad no es una beca, sino una ayuda económica. El monto entregado a los estudiante­s es de G. 1.500.000 que en la mayoría de los casos sirve para pagar un promedio de cuatro cuotas al año.

Agregó que cualquier persona, incluyendo funcionari­os públicos o empleados del sector privado pueden acceder a becas o ayudas económicas, pues tener un ingreso laboral no representa impediment­o alguno.

López manifestó además que a quienes obtuvieron becas en años anteriores se les renueva automática­mente, si cumplen los requisitos. Dijo que solo se realiza una evaluación documental, pues no cuentan con presupuest­o para visitar la casa de cada estudiante para verificar su situación.

La Gobernació­n tiene un presupuest­o G. 571.500.000 para becas este año.

El concejal departamen­tal Alfonzo Romero (ANR) dijo que la declaració­n jurada es la herramient­a para evaluar la situación económica de los postulante­s. Añadió que si existen becados con solvencia económica comprobada deberían devolver la ayuda.

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Carlos María López (PLRA), gobernador de Cordillera. Dijo que ser funcionari­o público no impide acceder a becas.

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