Despojos
Carlos Almirón
La denuncia realizada por Alicia Garcete, pobladora del Alto Paraguay, pone una vez más ante la luz pública la existencia de una rosca mafiosa que maneja desde hace décadas el desgastado Poder Judicial y los órganos auxiliares de nuestro país. La mujer afirmó que fue despojada de 12.000 hectáreas de tierras y el robo de unos 2.000 vacunos registrados en el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) por grupos poderosos ligados al destituido senador Óscar González Daher (colorado cartista).
En el lugar del conflicto, a unos 120 km del centro urbano de Fuerte Olimpo, vivían desde hace 50 años ocho familias dedicadas a la actividad ganadera, cada una de ellas ocupaba una fracción determinada.
La familia de Alicia Garcete, encabezada por su padre don Críspulo Ramón, ocupó unas 12.000 hectáreas desde 1962. En dicha fracción, totalmente cercada y con varias mejoras como construcción de tajamares y potreros, llegaron a tener unas 2.000 cabezas de ganado con marcas diferentes pertenecientes a cada uno de los integrantes de la familia. Hasta 2011 nadie molestaba a estas familias asentadas en pleno monte chaqueño.
Ese año comienza el calvario cuando aparecen supuestos dueños de las tierras y piden a los ocupantes abandonar el lugar. La escribana Nélida Chaves (esposa del senador destituido y actual candidato para el mismo cargo) y su hermana la abogada Beatriz Chaves se encargaron de fraguar las documentaciones para apropiarse de las tierras.
Los Garcete iniciaron una demanda judicial de usucapión de las 12.000 hectáreas, las demás familias intentaron una acción similar, pero por falta de dinero abandonaron la lucha y fueron sacados a la fuerza sin tener adónde ir ni a quién recurrir.
La familia de Alicia buscó seguir las reglas de la justicia con la esperanza de que les favoreciera atendiendo que legalmente estaban en su derecho. El pedido de usucapión lo ganaron en primera instancia, pero lo perdieron en segunda y tercera instancia donde ya se podía ver la mano poderosa del ahora exparlamentario González Daher.
Esta familia no solo perdió la posibilidad de quedarse con las tierras, sino que también fue obligada por orden de la jueza de Capiatá que estaba interinando en Concepción, Lilian Ruiz Díaz, a abandonar su ganado, unos 2.000 animales, según el registro del Senacsa.
Desde el 2016 desconocen qué pasó con dichos animales, ya que tienen prohibido acercarse al lugar del conflicto. Como una estrategia de amedrentamiento los integrantes de la familia permanecieron unos días recluidos en un calabozo de la Comisaría de Loma Plata a pedido del fiscal de Concepción, Celso Morales, y luego la jueza Ruiz Díaz les impuso una serie de medidas para evitar la pena carcelaria.
Es cierto que no poseen documentos de las tierras donde vivieron por más de medio siglo y ya se resignaron a perderla, pero el ganado sí les pertenece legítimamente, por lo que esperan que algún juez honesto e independiente se anime a emitir una orden judicial para que la familia pueda recuperar sus animales.