Apelan prisión por desvío de fondos
El fiscal Igor Cáceres solicitó a la Cámara de Apelaciones de feria que confirme el rechazo de revisión de medidas que solicitaron los condenados por lesión de confianza Silvio César Riveros, Lidio Irala e Ignacio Acuña, presidente, vicepresidente y tesorero de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay (Fenaprofhp).
La semana pasada, los mencionados solicitaron arresto domiciliario, pero el tribunal de sentencia presidido por la jueza María Luz Martínez rechazó la petición.
Ahora la decisión de mantener o no en prisión a los condenados por desvío de más de G. 68.000 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) durante la administración del senador liberal Enzo Cardozo y Rody Godoy está en manos del Tribunal de Apelación de feria.
Uno de los principales argumentos de los defensores Jorge Bogarín y Richard Rojas es que los condenados ya cumplieron la pena mínima de 6 meses.
Sin embargo, el fiscal Cáceres dice que los mismos están en prisión desde hace un mes, por lo que el plazo que argumentan no es válido.
Riveros, Irala y Acuña, así como otros condenados por el desvío de más de G. 68.000 millones de Ministerio de Agricultura, tras la condena fueron remitidos a la penitenciaría de Emboscada el 22 de diciembre pasado.
Al término de un juicio oral que duró cuatro meses, fueron condenados a las siguientes penas: Riveros, a 11 años; Irala y Acuña a 9 años. En la ocasión, el contador de la Fenaprofhp, Luis Piccardo, también fue sentenciado a 7 años de cárcel. A fines de diciembre los cuatro plantearon revisión, petición rechazada por el mismo tribunal que los condenó, presidido por la jueza Martínez. Posteriormente, Riveros, Irala y Acuña reiteraron su petición, que fue nuevamente descartada.
El juez penal de garantías Alcides Corbeta debe fijar fecha de audiencia de imposición de medidas a los directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados Bancarios y Afines, quienes fueron imputados por lesión de confianza por un supuesto perjuicio patrimonial que podría llegar a unos G. 3.791 millones.
La fiscala de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña solicitó al juzgado la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Fueron imputados por lesión de confianza por el Ministerio Público José Antonio Caballero, presidente de la Caja de Jubilaciones, y los miembros del Consejo de Administración Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro y Xavier Alberto Hamuy Campos Cervera. De igual manera, fue procesado César Rodrigo Amarilla, gerente general de la Caja de Jubilaciones, y además se desempeñó como representante legal de la firma Karakú SRL.
Según la imputación de la Fiscalía, los imputados por Resolución Nº 33 del 26 de abril de 2016 habilitaron la línea de crédito “Promo Credi Plan Personal” en homenaje a las madres y padres en su mes, a tasas preferenciales del 9% y 10%, con vigencia del 2 de mayo al 30 de junio.
Sin embargo, esta promoción fue prorrogada en dos ocasiones. La primera hasta el 31 de julio de 2016 y luego hasta el 31 de agosto de 2016. Esta promoción no debía ser utilizada para pagar créditos ya contraídos por socios de la Caja. Sin embargo, esto fue incumplido y 81 socios pagaron los créditos anteriores por G. 15.870 millones, que tenían un interés superior.
Para “otorgar” los créditos se creó la empresa Karaku SRL, constituida con G. 4 millones (se necesitan G. 25.000 millones), no estaba habilitada por el BCP, era manejada por Amarilla y recibía los fondos de la Caja de Jubilaciones.