Incertidumbre sobre investidura
BRUSELAS (AFP). El líder independentista catalán Carles Puigdemont urgió al gobierno español a permitir su investidura con normalidad tras una reunión en Bruselas con el presidente del Parlament.
“Si el Estado español entendiera que lo mejor para todos es que el debate se celebre con normalidad, creo que daría un paso de gigante”, dijo Puigdemont.
El pedido llega en momentos en que el jefe de la cámara, Roger Torrent organiza la sesión de investidura del presidente regional para finales de mes, en la que Puigdemont, acusado por la justicia de rebelión, sedición y malversación ,es el único candidato.
Si la investidura se realiza a distancia con Puigdemont en Bélgica, el gobierno español ya ha anunciado que recurriría el nombramiento ante el Tribunal Constitucional.
Si regresa a España, se arriesga a ser detenido y enviado a prisión, al igual que los cuatro diputados instalados como él en Bruselas e igualmente acusados de rebelión, sedición y malversación por su papel en la declaración de independencia frustrada de finales de octubre.
“Nuestra voluntad es afrontar este debate de investidura con total normalidad democrática”, dijo por Torrent, para quien el “presidente Puigdemont”, la “primera autoridad” de Cataluña, “tiene todos los derechos (...) a ser investido”.
Desde que Cataluña fue puesta bajo tutela del gobierno central a fines de octubre, los locales de la representación catalana en Bruselas dependen directamente del ejecutivo de Rajoy.
Cesado de la presidencia por el gobierno español de Mariano Rajoy después de la fallida proclamación de una república independiente el 27 de octubre, Puigdemont fue designado por el presidente del parlamento regional como el candidato para intentar formar un nuevo gobierno.
Con los escaños de su grupo Juntos por Cataluña (centroderecha) y del otro gran partido independentista Izquierda Republicana de Cataluña (ERC) dispone de 66 apoyos sobre los 135 de la cámara regional.
Tanto un regreso de Puigdemont y su probable detención como una investidura telemática, que sería recurrida desde Madrid, pueden conducir a un bloqueo político en esta región de 7,5 millones de habitantes y a unas nuevas elecciones.