La recuperación de la agenda democrática (II)

Jorge Silvero Salgueiro (*)

En el Paraguay hace tiempo concluyeron las reformas democráticas. No porque hayan llegado a buen puerto, sino simplemente porque quedaron abandonadas a medio camino fruto del desgano y dejadez de la política que va de la mano con la corrupción política.

El sistema político actual puede calificarse como un estado de corrupción institucional generalizada que debe ser tratado con la recuperación de una agenda democrática. En 1989 la agenda, breve y sin que se pacte, tenía mayormente componentes electorales, pues el poder había estado cautivo 35 años en manos del dictador. La cuestión a resolver era el acceso al poder. Una democracia pluralista fue la respuesta, tanto ideológica como partidaria. Asimismo, durante la dictadura las violaciones a los derechos humanos fueron sistemáticas, por eso la agenda democrática incorporó el acoplamiento del Paraguay al Derecho Internacional de los Derechos Humanos por diversos medios.

En el 2018 el problema es el ejercicio del poder. Las personas que llegan al poder lo hacen en una contienda electoral calificada mayormente como democrática, pero desde el cargo cometen delitos, individualmente o en asociación criminal. La respuesta debe ser el control del poder que ejercen. Lo mismo vale para la alta gerencia nombrada en cargos públicos.

En términos de gestión, el ejercicio del poder se va degradando por la baja institucionalidad reflejada en la carencia de reglas de actuación interna de las instituciones, o en la obsolescencia de las mismas. Como muestra, véase el Reglamento del Senado de la Nación que es preconstitucional, de 1968, desfasado! De ahí, que cada vez que se quiera iniciar un “juicio político” o la “pérdida de investidura por tráfico de influencias” siempre se tropiece con escollos legales para su aplicación. En plena sesión, las senadoras y los senadores discuten los pasos a seguir, los cuales deberían estar ya previstos en un reglamento especial. Entonces, la deficiencia de reglamentos y protocolos de actuación contribuye a una mala gestión, con lo cual la corrupción sale beneficiada.

Desde esta perspectiva, la agenda democrática debe dirigirse a fortalecer la institucionalidad que desaliente la corrupción, y debe ser entendida como pragmática, fragmentada y de responsabilidad diversa. Es decir, debe atender los problemas que surgieron en el sistema político paraguayo. Basta observar el pasado reciente para saber qué puntos deben ser tratados. Por supuesto, prever problemas no está excluido. El carácter pragmático también se contrapone al teórico, la agenda de 1989 no era un documento escrito en forma de libro; la actual tampoco lo requiere, pero puede adaptarse a los tiempos y ser un documento escrito en la nube virtual a varias manos en diversas versiones. Esto sería así porque la agenda se elabora con diversos componentes sin que estos necesariamente tengan el propósito de ser parte de la agenda, pero que puedan ser reconocidos como tales al servir a la recuperación institucional. Así, la nota del Sindicato de Asistentes Fiscales pidiendo la renuncia al Fiscal General o que mínimamente se aparte de un caso donde está involucrado, es parte de esta agenda que, dicho de paso, ya se inició. Pero lo óptimo sería que ese Sindicato, u otros exfiscales expertos en la materia, propongan una reglamentación para casos similares a futuro.

Una agenda fragmentada significa que los problemas están repartidos en las instituciones y es ahí donde deben ser atendidos, en ese fragmento institucional que forma parte del todo, que es la estructura estatal, pero que tiene su propio ámbito de acción. Por ejemplo, el propio directorio del Banco Central debería proponer la reglamentación adecuada y los pasos a seguir cuando las máximas instancias violen el deber de mantenerse alejados de la política. El autocontrol funciona cuando están obligados a actuar detalladamente rigiéndose por un protocolo. De igual manera, el sindicato del banco o una asociación de economistas podría tener tal iniciativa de propuesta.

La responsabilidad diversa se refiere a que cada quien o cada organización asuma la responsabilidad en el ámbito de su conocimiento e interés, y presione con propuestas reglamentarias para atender y tratar los casos que dañen la institucionalidad. Así, grupos de jueces y fiscales honestos deberían trabajar en procedimientos para que desde el JEM no se caiga en abusos, pues hasta que suceda un cambio constitucional pasará mucho tiempo.

El periodismo de análisis debería, por supuesto, hacer un resumen y seguimiento de la agenda y sus componentes plurales, dándole contexto y alcance resaltando sus limitaciones. Es la hora de tomar el futuro en nuestras manos y asumir compromisos sin esperar que otros solucionen el problema. Por supuesto, los partidos políticos podrían ayudar enormemente, pero hasta el momento han sido parte del problema y no de la solución. Sin embargo, podrían empezar ahora y no esperar hasta abril, mejorando las reglamentaciones de las Cámaras de Diputados y Senadores como parte principal de la agenda democrática. La consigna es cada quién mejore lo suyo, eso es democracia participativa conforme al artículo 1 de la Constitución de 1992. ¡A trabajar!

(*) Investigador jurídico independiente. Abogado constitucionalista.

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