¡Pito catalán!
En el 2016 Itaipú suministró a la ANDE 11.227.393 MWh de energía garantizada y de energía adicional a la garantizada. La tarifa promedio pagada por la energía fue US$ 32,74 el MWh a un costo de US$ 367.571.980.
En ese año la binacional hidroeléctrica entregó oficialmente 26.994.617 MWh de energía adicional a la garantizada a una tarifa de US$ 5,63 el MWh: el 87,61% a la Eletrobrás y el restante, 12,39%, a la ANDE.
Una vez más, el Artículo XIII del Tratado de Itaipú fue desoído no obstante señalar que “La energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el Artículo I será dividida en partes iguales entre los dos países…”. Todo ello, para favorecer a la multinacional brasileña Eletrobrás.
De cumplirse el mandato, la mitad de la energía adicional a la garantizada (13.487.308 MWh), generada en la usina hidroeléctrica, bastaría para atender la demanda de 11.227.393 MWh adquirida por la ANDE. Hay más, el costo sería casi seis veces menor: US$ 63.210.222.
Desde el año 2009 solo en tres ocasiones (2010, 2014, 2015) la cantidad de la energía adicional a la garantizada, que debería corresponder a la ANDE, fue un tanto inferior a su demanda. Aun en esos casos, la tarifa de la electricidad hubiera sido muy inferior a la que habitualmente paga la estatal eléctrica paraguaya.
La política de la “complacencia interesada”, frase acuñada con acierto por el ingeniero Carlos Cardozo Florentín, se originó en el año 2002 para resolver la imperiosa necesidad de contratar más potencia para la Eletrobrás. La ANDE cedería su potencia, y a cambio se beneficiaría con más energía barata.
Por esas contradicciones, que siempre favorecen a la margen izquierda, los órganos de administración de la entidad binacional decidieron que la mayor cantidad de energía barata sea distribuida en función a la potencia contratada por las empresas compradoras. La decisión cerraba las puertas al Artículo XIII del Tratado para que toda la energía barata sea para la Eletrobrás.
Mientras, los miembros paraguayos del Consejo de Administración hacían pito catalán, ignorando los derechos que repartían la producción energética por partes iguales.
Es costumbre, en países productores de petróleo, que la tarifa pagada por el consumidor sea ínfima. La idea es que los beneficios sean aprovechados por los legítimos dueños del producto: el pueblo.
El caso de Venezuela es emblemático; pese a su prolongada crisis que disparó el desabastecimiento acompañado de una galopante inflación, el litro de la gasolina está por los 168 guaraníes.
¿Y nosotros acaso no somos copropietarios de la mayor generadora de hidroelectricidad del planeta?
¿Seguirán los consejeros paraguayos de Itaipú haciendo pito catalán a su pueblo?