Suman camaristas a favor de enviar a la cárcel a procesados chicaneros
En la Cámara de Apelación de Asunción se va fortaleciendo el criterio de revocar las medidas a los procesados chicaneros. En enero, los camaristas de feria Bibiana Benítez, Giuseppe Fossati y Eusebio Melgarejo Coronel señalaron que se debe enviar a la cár
ES NECESARIO QUE LA JUSTICIA TAMBIÉN REVOQUE LAS MEDIDAS A POLÍTICOS Y OTROS PECES GORDOS QUE HACE MÁS DE TRES AÑOS DILATAN SUS PROCESOS
Los magistrados fueron contundentes al señalar en la resolución del 12 de enero pasado, que el procesado por estafa Horacio Giménez Gibbons fue beneficiado con medidas sustitutivas a la prisión preventiva y que esta situación implica que el mismo debe ceñirse a las normativas que rigen la materia. “Sin embargo, la actitud procesal observada se encuadra perfectamente en el artículo 243 del Código Procesal Penal (Peligro de fuga), inciso 4° que dice que “el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior del que se pueda inferir, razonablemente, su falta de voluntad de sujetarse a la investigación o de someterse a la persecución penal”, lo cual conlleva a suponer el peligro de fuga por parte del acusado, por lo que necesariamente deberá ser revocada la medida sustitutiva impuesta”, dijeron los camaristas al confirmar una resolución del juez de garantías, José Delmás.
El magistrado, el 18 de diciembre de 2017 había apercibido al acusado, a quien además declaró litigante de mala fe, revocó sus medidas cautelares, decretó su rebeldía y ordenó la detención. Fue a raíz de los incidentes dilatorios promovidos por el encausado para evitar la realización de la audiencia preliminar en la que se tiene que resolver si afronta o no juicio oral y público por estafa.
Los camaristas de feria, en la resolución por la cual ratificaron lo actuado por el magistrado Delmás, dijeron que el 28 de diciembre se señaló fecha para la audiencia preliminar. Sin embargo, la diligencia no se pudo realizar según el informe de la actuaria judicial abogada Gabriela Benítez. La funcionaria apuntó que los fiscales Mercedes Caniza, Carla Rojas, Marcelo Conigliaro, Pamela Pérez, Marcial Machado y Miguel Vera fueron recusados por el acusado, bajo patrocinio de un abogado que no tendría intervención en la causa.
Los miembros del Tribunal de Apelación también resaltaron que hay otro informe de la actuaria, en el que se cuenta el estado de la causa, en donde se puede apreciar la forma en que los distintos coprocesados, entre los que figura Horacio Daniel Giménez Gibbons, vienen incidentando el normal desarrollo del proceso. “Es así que el citado procesado ya ha sido apercibido por el juzgado”, dijeron.
“Debido al historial reseñado por la actuaria y sumado al último acontecimiento suscitado, el de recusar a seis agentes fiscales intervinientes en el proceso, no puede darse otra lectura sino la de conducta procesal abusiva y dilatoria de la marcha del proceso, en total contravención a las disposiciones legales y las acordadas dictadas a fin de evitar la mora y la impunidad de las causas tramitadas, se considera correcta la calificación de mala fe establecido por el juez al procesado Horacio Giménez Gibbons”, manifestaron los camaristas. Agregaron que el artículo 112 del Código Procesal Penal establece que “las partes deberán litigar con buena fe, evitando los planteos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que este código les concede...”.
Dilación
Los procesos, especialmente los abiertos a políticos y otros peces gordos, se traban en el Poder Judicial, debido al ejercicio abusivo del derecho de los encausados, que no son sancionados por la mayoría de los jueces. Los casos de muchos legisladores se encuentran trabados en la administración de justicia, especialmente en el más alto tribunal, donde los ministros evidencian su total sometimiento a los poderes político y económico, al no castigar a los chicaneros que no se someten a la justicia y se burlan de la ciudadanía que clama sanción para los que robaron al Estado.
Entre los favorecidos por la grosera dilación de sus procesos figuran el senador liberal Enzo Cardozo, el senador colorado Víctor Bogado, el exministro del Interior Rafael Filizzola, el diputado colorado José María Ibáñez, el diputado liberal Milciades Duré, el diputado colorado Carlos Núñez Salinas, el político liberal Enrique Salyn Buzarquis, entre otros.
La mayoría de ellos consiguieron que sus procesos sean cajoneados en la máxima instancia judicial. Hace más de tres años fueron acusados por el Ministerio Público, pero hasta ahora no se puede realizar la audiencia preliminar, en la que se tiene que resolver si afrontan o no juicio oral y público. Es por el desvío de dinero del Estado, en casi todos los casos.
El proceso más dilatado es el de Filizzola, ya que la causa se elevó a juicio oral, pero mediante una acción de incostitucionalidad está congelada en la Corte. La fiscalía lo acusó por un perjuicio de G. 48.000 millones, mediante la compra irregular de helicópteros para la Policía cuando era ministro del Interior, durante el gobierno de Fernando Lugo.
Al liberal Enzo Cardozo, en uno de los casos se lo acusa por el desvío de G. 68.000 millones del Ministerio de Agricultura. El caso también está cajoneado.