Maduro, Correa, Morales y Cartes.

El presidente Horacio Cartes se emperra en violar el art. 189 de la Constitución, que le obliga a ser senador vitalicio una vez concluido su mandato, sin la posibilidad de aspirar a ningún cargo electivo. Las cuatro impugnaciones a su irregular candidatura a senador serán resueltas por la Justicia Electoral y, eventualmente, por la Corte Suprema de Justicia. Si se aferra a su postulación es porque espera contar con el beneplácito de unos jueces complacientes, tal como lo fueron los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, de la Corte Constitucional de Ecuador y del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en beneficio de los bolivarianos Nicolás Maduro, Rafael Correa y Evo Morales. Un Poder Judicial sometido al político puede cohonestar cualquier atropello en favor de los que mandan, como lo enseña nuestra propia penosa experiencia. Tanto él como el expresidente Duarte Frutos se niegan a aceptar que, si no les agrada la honorable condición de senadores vitalicios que les concede la Constitución, simplemente deben mantenerse alejados de la Cámara Alta. Si el voto popular no puede legitimar ningún atropello a la cláusula constitucional, tampoco puede hacerlo un fallo dictado contra su letra y su espíritu. Sería escandaloso que se ocupara una banca gracias a un delito de prevaricato, cometido por magistrados sumisos o venales.

El presidente Horacio Cartes se emperra en violar el art. 189 de la Constitución, que le obliga a convertirse en senador vitalicio una vez concluido su mandato, sin la posibilidad de aspirar a ningún cargo electivo. Las cuatro impugnaciones a su irregular candidatura a senador serán resueltas por la Justicia Electoral y, eventualmente, por la Corte Suprema de Justicia. Si se aferra a su postulación es porque espera contar con el beneplácito de unos jueces complacientes, tal como lo fueron los miembros del Tribunal Superior de Justicia de Venezuela, de la Corte Constitucional de Ecuador y del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia en beneficio de los bolivarianos Nicolás Maduro, Rafael

Correa y Evo Morales, respectivamente, que hoy tienen mayoritaria repulsa en sus respectivos países. Así, en 2013, la máxima instancia judicial venezolana habilitó la candidatura presidencial de quien no había dejado la Vicepresidencia Ejecutiva asumida tras la muerte de Hugo Chávez, en contra de lo dispuesto por la Ley Suprema; en 2014, pese a que las enmiendas constitucionales deben ser aprobadas por un referéndum, los magistrados ecuatorianos autorizaron a la Asamblea Nacional a aprobar por sí y ante sí una enmienda constitucional que permite la reelección indefinida para todos los cargos electivos; en 2017, sus colegas bolivianos habilitaron al jefe de Estado a buscar el próximo año un cuarto mandato, pese a que en 2016 un referéndum había rechazado una reforma constitucional en tal sentido.

Se advierte así que un Poder Judicial sometido al político puede cohonestar cualquier atropello en favor de los que mandan, como lo enseña nuestra propia penosa experiencia. Cuando los jueces deben sus cargos menos a sus méritos y aptitudes que a la filiación partidaria y a

padrinazgos influyentes, siempre allanan todos los obstáculos legales y constitucionales para satisfacer las ambiciones espurias de sus patrones políticos, buscando, por supuesto, recibir alguna recompensa por los servicios brindados. Felizmente, gracias a la resistencia ciudadana –que también en Ecuador impidió que Correa se postulara de nuevo–, Horacio Cartes desistió de su insensata pretensión de que el Congreso enmendara la Carta Magna para que pueda ser reelecto. Si esa vez la firme reacción popular le hizo desistir de su espuria intención, esta vez sí, contra viento y marea, parece dispuesto a que se concrete el atropello a la norma constitucional que dispone, imperativamente, que los expresidentes de la República “serán senadores vitalicios”. Tanto él como el expresidente Nicanor Duarte Frutos se niegan a aceptar que, si no les agrada esa tan honorable condición que les concede la Constitución, simplemente deben mantenerse alejados de la Cámara Alta, ya que les está vedado pretender un escaño con voz y voto, e integrar el quorum como los senadores electos. Si el voto popular no puede legitimar ningún atropello a la cláusula citada, tampoco puede hacerlo un fallo dictado contra su letra y su espíritu: sería escandaloso que se ocupara una banca

gracias a un delito de prevaricato, cometido por magistrados sumisos o venales.

Más allá de esta grave cuestión, es oportuno señalar la coincidencia entre el presidente Cartes y los bolivarianos citados en lo que respecta al deseo de poder y a la actitud ante la ley. Como presidentes tendrán sus diferencias ideológicas, pero, sean de izquierda o de derecha, coinciden plenamente en la intención de atropellar la Constitución de sus respectivos países en aras de sus ambiciones irrefrenables, invocando además fraudulentamente una voluntad popular que consiste solo en la de unos paniaguados enriquecidos a costa del dinero público, que les calientan los oídos con que su presencia en los Poderes del Estado es imprescindible para la buena marcha de sus países.

A estos dictadores o aspirantes a serlo los unen su escasa conciencia jurídica y moral, así como su falta de respeto a la independencia de la magistratura. Los unos quisieron o quieren perpetuarse en el Gobierno y, en el caso de nuestro presidente, liderar inconstitucionalmente una bancada de senadores para seguir teniendo el protagonismo que le permita influir en la sanción de leyes de su particular interés o de su grupo, y en integrar la mesa directiva del Senado. Quizá crea también que el escaño ocupado le daría más chances para volver al Palacio de López, si llegara a presidir ese cuerpo legislativo y se produjera una doble acefalía –falta de presidente y de vicepresidente–, lo cual constituiría otro

atropello a la Constitución, que prohíbe taxativamente que un presidente vuelva a ocupar ese cargo.

Hasta se podría creer que el presidente Cartes busca ampararse en los fueros parlamentarios para evadir una

futura investigación de su desempeño. Resulta claro que estar en el candelero le importa mucho más que resignarse a ser lo que la Constitución manda que sea a partir del 16 de agosto. Por lo demás, le interesa dar una demostración

de poder, en el sentido de forzar a la Justicia a satisfacer un designio a todas luces ilegítimo.

Por todos los lados la Constitución le cierra el camino para ser nuevamente presidente de la República o senador electo. Si insistió e insiste en ignorarla es porque busca perpetuarse en el poder, como lo han intentado y lo intentan los presidentes bolivarianos y algunos lo han conseguido, para desdicha de sus respectivos pueblos.

Bolivia, Ecuador, Venezuela y el Paraguay tienen en común, entre otras cosas, que la judicatura es esclava del Poder Ejecutivo. A la ciudadanía, que conoce sobradamente los daños que el “único líder” le ocasiona al país, solo le resta salir a las calles en defensa de la Constitución nacional, tal como ya lo hizo exitosamente más de una vez. Para que el Estado de derecho prevalezca sobre la egolatría y el autoritarismo de algún predestinado, es preciso que los paraguayos y las paraguayas se movilicen con firmeza y perseverancia contra un grave atropello que podría ser convalidado si se mantienen en silencio.