Contraloría investiga la cesión de puertos
A través de una nota enviada al presidente de la ANNP, Héctor Duarte, la Contraloría solicitó ayer un listado de documentos que el ente debe proveer en el plazo de 10 días, sobre la polémica cesión del puerto de Concepción que se hizo al margen de las ley
Precisamente, lo primero que solicita la Contraloría General de la República es “señalar el marco normativo por el cual se rige la ANNP para celebrar ese tipo de contratación, bajo la denominación de Alianza Operacional Estratégica”.
La Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), en lugar de hacer un llamado a licitación vía ley de APP o vía ley de concesiones (a través del Congreso Nacional), se basó simplemente en resoluciones internas y en un decreto sobre tarifas, para tratar de justificar la cesión del puerto de Concepción, durante 20 años. La empresa adjudicada en un cuestionado proceso fue Baden SA, cuyos accionistas están relacionados al padre del ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
El ente contralor solicita, además, los estudios técnicos que justifiquen la explotación de la terminal portuaria de Concepción “Puerto Nuevo” y estudios de mercados, técnicos, estadísticos, de precios, etc., “realizados para garantizar la realización de la negociación o cesión el Puerto de Concepción para el caso específico”.
Así también, la ANNP deberá proveer todos los documentos e informes del primer llamado, que fue declarado desierto pese a que las tres empresas que se habían presentado pasaron la evaluación técnica. Las firmas fueron: Puerto Seguro, CIE-Imperial y el consorcio Salto Aguaray-Mercoplus.
También tendrá que informar los detalles sobre la segunda convocatoria, que había realizado la institución con muy escasa difusión y a la que solo se presentó CIE-Imperial, pero bajo el nombre de Baden SA, que fue finalmente contratada.
Lo llamativo
La presunción indica que en el primer llamado, como no ganó el consorcio CIE-Imperial (la primera es la relacionada a Jiménez Gaona), la ANNP declaró desierto e hizo un segundo proceso, de forma sigilosa. Nuestro diario intentó conversar ayer con el presidente de la ANNP, para consultarle sobre el pedido de la CGR, pero sus asistentes dijeron que se encontraba de reunión y que no podía respondernos. No obstante, de acuerdo con los datos que habían dado la semana última el gerente administrativo y financiero de la institución, Pedro Villalba, y la directora jurídica, Abog. María Elizabeth Galeano, no correspondía otra figura que no fuese la “alianza operacional estratégica”.
Habían dicho que no podían hacer licitación vía ley 2051 de Contrataciones Públicas, porque “no hay erogación estatal”, ya que la inversión es privada. Añadieron que no se podía hacer una concesión, “porque no es un servicio público” y finalmente, que basarse en la ley de APP no se justificaba porque “la inversión mínima prevista era de US$ 3 millones”, mientras que las APP son para proyectos de US$ 5 millones en adelante, según esa versión oficial.